En el marco de la “guerra contra el narcotráfico” implementado por el gobierno federal desde el sexenio de Felipe Calderón en el 2006, se incrementa el abuso policiaco en Ciudad Juárez, llegando a niveles extraordinarios de violaciones a los derechos humanos, documentándose irregularidades que evidencian no sólo el actuar policiaco, sino graves fallas en el sistema judicial mexicano.
A partir de ese momento la ciudadanía se ve vulnerada en sus garantías individuales siendo fácil presa de las inconsistencias y contradicciones jurídicas o decisiones políticas, las cuales hacen posible un retroceso en materia de procuración de justicia con reincidencia de eventos nocivos a la sociedad y el Estado de derecho, como la tortura y la desaparición forzada, que lejos de erradicarse y desaparecer de los cuerpos policiacos y militares o ministerios públicos, reaparecen con mayor frecuencia y en forma virulenta de manera rutinaria.
En este contexto de incertidumbre jurídica con excesivo uso de la violencia del Estado, donde prácticamente cualquier persona es sospechosa y puede convertirse en víctima de la ley, sobre todo si se es hombre, joven y pobre, se ubica el siguiente caso: A finales de julio del 2010, en el cruce de las calles 16 de Septiembre y Bolivia de Ciudad Juárez, se cometió un atentado con explosivos en un automóvil. La acción, dirigida contra elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) ocasionó varios heridos y tres muertes entre agentes y civiles.
Debido a la novedad, crudeza y crueldad de dicho acto, conocido como el atentado del “coche bomba”, la cobertura de los medios informativos, la presión de la sociedad civil y de Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida, el gobierno federal se apresuró a encontrar culpables del hecho, concebido como el primer atentado terrorista de este tipo en México, responsabilizando en corto a Noé Fuentes Chavira, Rogelio Amaya Martínez, Víctor Manuel Martínez Rentería, Gustavo Martínez Rentería y Ricardo Fernández Lomelí.
Dicha aprehensión se dio a conocer en los medios informativos nacionales el día 13 de agosto del 2010, como parte de una investigación de inteligencia realizada por la PFP, lo cual está muy lejos de ser verdad. Nuestros defendidos fueron detenidos de forma arbitraria el día 11 de agosto por dichos elementos. En cuanto los familiares supieron de la detención, fueron a buscarlos a todas la instituciones policiacas, incluso en donde se encontraban apostados agentes de la PFP, siendo negados reiteradamente por estos. Es precisamente a través de los noticieros de televisión como se enteran dónde se encontraban.
Dado lo anterior, los familiares fueron a la ciudad de México y después de varios trámites los lograron ver en la casa de arraigo de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) donde los encontraron brutalmente golpeados y psicológicamente dañados. En dicho centro fueron detenidos por más de ochenta días y trasladados posteriormente a dos diferentes reclusorios penales federales: Noé y Rogelio se encuentran actualmente en el Rincón en Tepic, Nayarit, mientras Ricardo, Gustavo y Víctor se ubican en Villa Aldama, Veracruz y el proceso penal radicado en la ciudad de Guadalajara Jalisco, en donde sólo se les acusa de delincuencia organizada, portación de arma de uso exclusivo del ejército y posesión de droga, sin explicar del todo la vinculación temprana y mediática para acusarlos de la explosión del coche bomba.
Más de tres años después, aún queda pendiente el proceso penal. Durante este periodo se ha dado la recomendación 75/2011 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos estableciendo que fueron torturados y detenidos arbitrariamente por agentes de Seguridad Publica Federal, misma que fue aceptada por el entonces encargado de la PFP, Genaro García Luna; también se les ha aplicado el Protocolo de Estambul (dictamen médico psicológico sobre posibles hechos de tortura) el cual ha salido positivo.
El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A.C. y las y los familiares de los afectados hemos denunciado y solicitado a la Procuraduría General de la República el desistimiento de la causa penal, precisamente por las graves violaciones a derechos humanos. Que se retiren todos los cargos contra ellos pues dicha acusación sólo pende de la confesiones sacadas bajo tortura por elementos de la PFP, así como de las mentirosas declaraciones de los agentes aprehensores.
Creemos importante esta causa para solicitar la liberación de Noe, Rogelio, Víctor Manuel, Gustavo y Ricardo, ya que desde la detención hasta que se estableció la causa penal, fueron violados severamente sus derechos humanos por las autoridades mencionadas, por lo cual instamos tanto a las organizaciones, a las autoridades y a la sociedad en general, se solidaricen para obtener pronto su libertad y justicia, por lo cual solicitamos firmen y manden sus peticiones a:
Lic. Jesus Murillo Karam
Procurador General de la Republica
Av. Paseo de la Reforma 211-213
Col. Cuautemoc Distrito Federal
Tel. 55 53 46 00 00
correo: jesus.murillo@pgr.gob.mx
Dr. Raúl Plascencia Villanueva
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Edificio “Héctor Fix Zamudio”, Blvd. Adolfo López Mateos 1922, 6°piso, Col. Tlacopac San Angel,
Delegación Álvaro Obregón,
C.P. 01040, Tels. y fax: (55) 56 81 81 25 y 54 90 74 00 Fax: + 52 0155 36 68 07 67
E-mail: correo@cndh.org.mx
