Noviembre registra un aumento de asesinatos,es escenario de una masacre familiar y una gran explosión en una fábrica; es el mes de la polémica liberación de un “chivo expiatorio” y de la ratificación del actual jefe de policía como secretario de Seguridad Pública del municipio. En general el desempeño policiaco sigue violentando los derechos humanos en Ciudad Juárez.
La ratificación como Secretario de Seguridad Pública Municipal, del jefe policiaco interino César Omar Muñoz, vía el Congreso del Estado de Chihuahua y por decisión unánime, en una terna donde los tres candidatos contendientes tenían antecedentes de abuso policiaco y relaciones con el narcotráfico. A pesar de la ratificación de Muñoz, la conducta de las y los agentes de policía municipales sigue acumulando violaciones a los derechos humanos, sin notarse algún cambio entre esta administración de Enrique Serrano y la anterior deHéctor Murguía cuando el ex teniente Julián Leyzaola era el jefe de la policía municipal.
Según nuestro conteo hemerográfico, durante el onceavo mes del 2013 se registraron 53 asesinatos con un total de nueve detenidos. De estos hechos destaca el multihomicidio de ocho miembros de una familia, incluidos niños, siendo detenidos dos presuntos culpables, quienes acusan tortura por parte de las autoridades, en lo que posiblemente sea otro caso de “chivos expiatorios”.En cuanto a delitos patrimoniales, las páginas delos diarios reportaron 63 personas detenidas por delitos patrimoniales en 33 casos distintos, de éstos, 15 fueron contra comerciantes y sólo en uno de ellos no hubo detenidos. La policía municipal atendió 31 de los 33 casos. Además fueron detenidas seis personas por mostrar una actitud “sospechosa”, el resto fue resultado de respuestas inmediatas a llamadas o rondines de rutina.
En el mes fueron detenidas 36 personas por posesión de drogas o armas de fuego en 22 casos distintos. La policía municipal protagonizó 18 de los 22 arrestos, siendo todos fruto de revisiones aleatorias y/o por actitudes “sospechosas”. También en noviembrese reportaron seis casos de percances viales donde estuvieron involucrados elementos policiacos, uno por agentes ministeriales del cual la nota no da detalles y cinco por policías municipales causando la muerte de una persona, además de varias personas lesionadas y daños materiales como consecuencia de conducir a exceso de velocidad y no respetar los señalamientos viales.
Adicionalmente las denuncias contra agentes policiacos municipales continúan, principalmente por extorsión, abuso de autoridad y detenciones arbitrarias, mientras otras como las cometidas por agentes encubiertos en tiendas de conveniencia permanecen impunes. Comerciantes de mercados populares de segunda mano y piratería del centro también señalan a agentes de la Policía Federal por hostigamiento, en un sector donde han sido asesinados varios de ellos durante el presente mes. Además en el mismo periodo varias noticias de policías involucrados en violaciones de derechos humanos en otros momentos, han recibido penas absolutorias o leves en sus casos.
Noviembre también es testigo de la liberación de Israel Arzate Meléndez, uno de los presuntos implicados en la masacre de Villas de Salvárcar, donde murieron 18 estudiantes en febrero del 2010. La noticia de la libertad de Arzate, en un caso plagado de irregularidades, mentiras y tortura, provoca reacciones encontradas y manipuladas mediáticamente por varios medios de comunicación y grupos de derecha opuestos a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por otorgarle el amparo liso y llano, desatando también una persecución política por parte del gobierno de Chihuahua en contra de Arzate y un linchamiento mediático difamatorio contra organizaciones derecho humanistas.
Otro caso paradigmático por la magnitud del percance y la opacidad de las autoridades en resolverlo, es la explosión de la fábrica de dulces Blueberry a finales de octubre, evento que ha ocasionado hasta el momento ocho decesos y decenas de heridos, pero aún las autoridades son incapaces de determinar quiénes son las o los responsables del accidente, pese a ya haber terminado los peritajes. El hecho ha indignado a la sociedad juarense por que no sólo visibiliza el funcionamiento de esta empresa con antecedentes de multas por irregularidades y fallas, sino también la pérdida de derechos laborales y vulnerabilidad de sus trabajadores, la impunidad que goza la empresa y particularmente uno de sus socios (Eloy Vallina) la ausencia de una unidad médica de atención a quemados(as) en la ciudad y la falta de coordinación entre instituciones para atender emergencias de este tipo.
Lo que sucede en Ciudad Juárez no es exclusivo del estado; según el sociólogo y activista social Víctor Quintana, en los municipios del noroeste como Madera, Namiquipa, Bachíniva, Guerrero, Matachí, Temósachi, Gómez Farías y parte de Cuauhtémoc y Riva palacio, las policías delinquen, extorsionan y están coludidos con grupos narcotraficantes. La situación de municipios del sur del estado, com Jiménez, Guadalupe y Calvo o Parral, también acusan anomia por parte de grupos del narcotráfico como secuestros, extorsiones y asesinatos.
Tanto el gobierno del estado, como la administración municipal y algunas organizaciones pro oficialistas, como la Mesa de Seguridad, presumen en su discurso la disminución de la violencia en esta ciudad fronteriza, pero las cifras los desmienten y trasciende la ciudad hacia otros municipios. El sistema de justicia además sigue adoleciendo de imparcialidad y eficacia, se continúa cometiendo tortura en sus averiguaciones, a pesar del discurso oficial de que “no existe la tortura en Chihuahua”. Es tan elevado el número de violaciones a los derechos humanos en el estado y particularmente riesgoso defenderlos en Ciudad Juárez, que desde octubre del presente año, las Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés) han dispuesto de una oficina en la ciudad de Chihuahua para atender y acompañar a defensores y defensoras derecho humanistas.
