(Tomado de la portada de periódico Norte y Norte Norte Digital, del martes 10 de diciembre del 2013, con información de Héricka Martínez Prado http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1775991122230594035#editor/target=post;postID=6300583588683334231)
Entre una serie de torturas, abusos, robos y extorsiones por parte de las distintas autoridades, los juarenses viven una constante violación a sus derechos humanos.
En marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Fideicomiso de la Competitividad y Seguridad Ciudadana en la Zona Norte (Ficose) dio a conocer que sólo entre el 20 de julio y el 23 de octubre pasados se registraron 226 casos de abusos policiacos en esta frontera, cometidos en su mayoría por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y policías municipales.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha recibido además 10 denuncias en contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), por abusos de autoridad, robo y lesiones en la actual administración.
“Nosotros percibimos una situación constante de violación a los derechos humanos”, señaló el sacerdote Óscar Enríquez, del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.
Los homicidios que aunque han disminuido continúan en la ciudad, las constantes torturas denunciadas y la desaparición forzada son los casos mayormente documentados por la agrupación.
“Las ejecuciones son violaciones al derecho a la vida, constatamos que sigue habiendo tortura y persiste el problema de la desaparición forzada, porque no ha habido una investigación a fondo”, señaló.
Mientras que en las mujeres se habla de trata de personas, en los hombres se han documentado casos de privación ilegal de la libertad por parte de las autoridades.
“Tenemos casos que no se han resuelto aunque pasaron hace años, como la familia Alvarado, la familia Bustamante que son de aquí pero desaparecieron en Veracruz al parecer por la Policía Federal, o la familia Fabela, que es un caso actual en el que creemos que intervinieron los ministeriales; pero no se investigan más a fondo”, comentó el sacerdote.
En el tema de desaparición forzada no hay respuesta ni seguimiento por parte de las autoridades, y siempre esperan que sean los familiares quienes les aporten los datos.
El CDHPN tiene documentados 26 casos de tortura del año pasado a la fecha.
La queja constante de los juarenses, dijo, es que los policías municipales hacen su trabajo sin respeto a las personas.
“Un factor es obviamente la impunidad, no hay investigación ni castigo y los hechos tienden a repetirse porque no hay justicia, hay una queja constante de que siguen los robos y extorsiones”, apuntó Enríquez.
Según datos del Fideicomiso de la Competitividad y Seguridad Ciudadana en la Zona Norte (Ficose), sólo del 20 julio al 23 octubre del presente año se documentaron 226 casos de abusos policiacos.
Entre los casos se encuentran 31 denuncias por “ubicación de detenidos”, o sea que fueron detenidos sin una orden de aprehensión o que fueron presentados ante los medios de comunicación sin la seguridad de que fueran ellos los culpables.
Un total de 109 casos más fueron denunciado porque las autoridades participaron en un problema entre particulares, sin que se les solicitara su ayuda.
Cuarenta personas más aseguraron que fueron víctimas de un abuso o mal trato al momento de pedir orientación o interponer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Y 46 casos más reflejan torturas o abusos de autoridad, 23 de ellos, o sea el 50 por ciento, fueron interpuestos contra la FGE tras las detenciones realizadas; 14 más contra la SSPM y los nueve restantes contra la PGR, Sedena y PF.
El 31 por ciento de esos 46 casos fueron lesiones, en el 14 por ciento allanamientos, en el 11 por ciento detenciones ilegales y en el 7 por ciento desaparición forzada.
A estas cifras se le suman una gran cantidad de abusos que no son denunciados por el temor de las víctimas a sufrir algún tipo de represalias, señaló la doctora Leticia Chavarría, consejera de la Mesa de Seguridad de Ciudad Juárez.
Algunos de estos casos llegan a oídos de las organizaciones que trabajan con este tipo de delitos, pero otros quedan en la sombra.
Las violaciones a los derechos humanos no sólo son lesiones o tortura, también hay otras formas, como cualquier abuso por parte de un servidor público.
“Creo que aquí es muy importante que la ciudadanía tenga conocimiento de cuáles son sus derechos y hasta dónde llega el derecho de la autoridad de actuar hacia un ciudadano, porque muchas veces no lo perciben porque saben, y es muy importante que todos estemos informados de qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden hacer con nosotros”, señaló.
Después de los múltiples abusos registrados por parte de los militares contra la ciudadanía, los golpes y robos por parte de los municipales han prevalecido los últimos años en la ciudad.
Los agentes de Tránsito también violan constantemente los derechos humanos de la ciudadanía, con el fin de reunir la famosa “polla” y completar el número de infracciones que les son exigidas por parte de sus jefes.
“El problema es que todo se queda dentro de las instituciones, porque son costumbres arraigadas y mientras no se reconozca que existe, el problema ahí persiste”, comentó Chavarría.
El departamento de Asuntos Internos fue un “cero a la izquierda” durante toda la administración pasada, ya que era “juez y parte”, apuntó.
La Mesa de Seguridad pidió que se cree un Comité Único de Seguimiento de Asuntos Internos con el objetivo de que se vinculen y analicen las denuncias presentadas contra autoridades municipales, estatales y federales.
“Debe haber una Comisión de Honor y Justicia integrada por ciudadanos, no como estuvo ocurriendo en la administración pasada, porque obviamente ellos no van a reconocer que existe el delito”, destacó.
Pese a que eran denuncias de casos graves, durante la administración pasada no se resolvieron, por lo que con el Comité Único la intención es que se castigue a los involucrados.
Integrantes de la Mesa de Seguridad también exigieron que se aplique la Ley Contra la Tortura que recientemente se aprobó en el estado de Chihuahua.
“Que se revise la penalidad de los funcionarios deshonestos que abusan de su poder, independientemente de que hayan realizado hechos violentos físicamente contra los ciudadanos; hay muchas formas de realizar actos que vulneran a toda la ciudadanía y pueden ser procesados”, apuntaron.
