La Procuraduría General de la República (PGR) retiró los cargos contra los cinco hombres que fueron detenidos e involucrados en la detonación del coche-bomba en el año 2010 en esta ciudad.
Noé Fuentes Chavira, Rogelio Amaya Martínez, Víctor Manuel Martínez Rentería, Gustavo Martínez Rentería y Ricardo Fernández Lomelí recuperaron su libertad el viernes pasado luego de poco más de tres años y medio de permanecer encarcelados, informó la abogada del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN), Diana Morales.
Agregó que los cinco resultaron positivos al Protocolo de Estambul, un manual diseñado para determinar si una persona fue sujeta a tortura o prácticas degradantes.
Datos periodísticos establecen que al ser detenidos se les acusó de delincuencia organizada, delitos contra la salud en la modalidad de posesión de mariguana, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y lo que resultara. En esa ocasión la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), a cargo de Genaro García Luna, informó que Fuentes Chavira manifestó haber participado en el ataque contra elementos de la Policía Federal el 15 de julio de 2010 como informante al servicio de “La Línea”. Se le dictó un arraigo en el Centro de Investigaciones Federales mientras se reunían pruebas en su contra.
Morales explicó que estas personas fueron detenidas el 11 de agosto de 2010 acusadas de delitos federales pero no de terrorismo. Es decir, no de la detonación del coche-bomba en la avenida 16 de Septiembre que causó la muerte del doctor José Guillermo Ortiz Collazo, el agente federal Ismael Valverde Solares y el civil César Gabiño Aviña, así como lesiones a unas 11 personas, entre ellas seis agentes de la Policía Federal y un camarógrafo de Canal 5. El Juzgado Primero de Procedimientos Penales de Distrito con sede en Guadalajara ordenó la libertad de los cinco hombres al recibir las conclusiones no acusatorias y por ende el no ejercicio de la acción penal.
“La PGR presenta conclusiones no acusatorias porque nos sentamos con ellos a dialogar, para decirles que únicamente había dos pruebas en contra de los acusados: las confesiones sacadas mediante tortura y el dicho de los agentes federales. Después de que se aplicó el Protocolo de Estambul a los muchachos, se pudo ver que efectivamente sus declaraciones fueron sacadas bajo tortura y además obra una documental donde queda evidenciado que los agentes mienten, diciendo que los muchachos fueron detenidos el día 12 de agosto pero en realidad la detención fue el 11, existe una documental que prueba esto”, afirmó la abogada.
Esta prueba es un aviso emitido por la Policía Federal al Jurídico de esa dependencia de la Ciudad de México, para dar a conocer que hubo una detención de cinco personas el 11 de agosto, dato que en el proceso fue cambiado y se dijo que la aprehensión fue el 12, explicó Morales para luego referir que durante esas 24 horas Fuentes Chavira, Amaya Martínez, Martínez Rentería, Martínez Rentería y Fernández Lomelí fueron sujetos a tortura.
La abogada de los implicados dijo que la PGR sólo tenía como prueba el dicho de los agentes que los aprendieron y la confesión de los cinco “arrancada bajo tortura”.
“Los acusan de crimen organizado, armas y droga, del coche bomba no lograron comprobarles nada”, aseguró Morales Rincón.
La defensa solicitó que se les aplicara el protocolo de Estambul para comprobar la tortura y posteriormente la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) lo corroboró, razón por lo cual emitió a la PGR la recomendación 75/2011.
La abogada dijo que luego, en una reunión con el actual procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, se comprometió a que se les practicaran otras pruebas del Protocolo de Estambul y si al menos uno salía positivo todos iban a salir libres, y resultó que los cinco arrojaron positivo.
“El procurador mantiene su palabra y dice que efectivamente esta gente no tenía nada que ver con crimen organizado o con droga y se dan conclusiones inacusatorias, que significan que no hay ningún cargo que establecer contra ellos”, afirmó Morales.
Agregó que el PGR llegó a esas conclusiones el jueves pasado y el Juzgado Primero de Distrito ordenó su liberación el viernes, día en que los cinco salieron de las prisiones en que estaban.
El vocero del Centro de Derechos Humanos, Carlos Murillo, dijo que luego de que salieron libres, los cinco se reunieron en el Distrito Federal en donde hoy ofrecerán una rueda de prensa y mañana miércoles llegarán a Juárez en compañía de sus familiares.
La abogada derechohumanista agregó que además se violó el debido proceso de estas personas al tardarse la Policía Federal dos días y medio para ponerlos a disposición del Ministerio Público de la Federación.
Hace más de un año los ahora liberados interpusieron una querella ante el Ministerio Público de la Federación para denunciar la tortura a la que dicen fueron sometidos, por lo que el CDHPN espera que los agentes federales que incurrieron en este delito sean castigados.
“Esperamos que se castigue a los elementos. Tiene muy buena voluntad el procurador de la República, no solamente al haber reconocido toda la violencia que sufrieron estos muchachos por algo que no cometieron, también tiene la voluntad y la obligación porque el delito de tortura se persigue de oficio y es un deber del procurador seguir adelante con la investigación”, acotó.
Las personas que sí se encuentran bajo investigación por los delitos de terrorismo, homicidio calificado, tentativa de homicidio calificado y utilización de vehículo robado en relación al bombazo ocurrido en este frontera en 2010 y dentro del proceso penal 218/2012 en la Mesa I del Juzgado Sexto de Distrito son José Iván Contreras Lumbreras, alias “El Keiko”; Jaime Arturo Chávez González, “El Jimmy”; Mauro Adrián Villegas “El Blaky” o “El Negro”; Fernando Contreras Meraz, “El Barbas”; Martín Pérez Marrufo, “El Popeye” o “El Gordo”; Lorenzo Tadeo Palacios, “El Shorty” o “Shorty Dog”; Jorge Antonio Hernández, “El Chapo” o “El Chapito”.
José Antonio Acosta Hernández, alias Carlos Martínez Pérez o “El Diego” o “El Uno” o “El 10” también aparece como acusado en este proceso penal pero no será enjuiciado porque se encuentra preso en Estados Unidos.
Leticia Chavarría, integrante de la Mesa de Seguridad, y amiga de unas de las víctimas mortales de la explosión, dijo que es importante que los cinco implicados en este caso hayan quedado libres.
“Porque no había pruebas suficientes para declararlo culpables y eso es grave”, mencionó.
Agregó que si estas personas son inocentes y estuvieron presos injustamente, el sistema de justicia está fallando.
“Lo más importante para nosotros es que la justicia se cumpla, porque si son inocentes, ¿dónde están los verdaderos responsables?”, cuestionó.
En tanto, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, solicitó a la PGR continuar las indagatorias para que se sancione a los responsables del delito de tortura contra los cinco acusados.
También que en conjunto con la Policía Federal continúe con la recomendación 75/2012 de la CNDH para el caso y que el Estado favorezca para que se dé la reparación integral de las víctimas.
Como medida de no repetición, que el Estado instruya a sus fuerzas policiacas y de investigación a abstenerse de ejercer tortura y malos tratos a los detenidos, tal como lo establece la constitución y los tratados internacionales en la materia.
También que se elimine la figura del arraigo, y que al momento que una persona alegue ser víctima de tortura, inmediatamente se dé vista al Ministerio Público y se declare nula cualquier declaración obtenida en esas condiciones, y que se acepte y reconozca en todos los ámbitos los peritajes independientes del Protocolo de Estambul.
Tras el atentado con un carro bomba el 15 de julio del 2010, inédito en esta frontera, se dio a conocer mediante un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Federal que el ataque se registró como represalia por la detención en esta localidad del líder operativo del grupo delictivo “La Línea”, Jesús Armando Acosta Guerrero, alias “El 35”, subordinado de de José Antonio Acosta Hernández, alias “El Diego”, segundo en la estructura de “La Línea”, bajo el mando directo de Juan Pablo Ledezma, alias “el JL”, lugarteniente de Vicente Carrillo Fuentes.
El ataque se dio una vez que agentes de la Policía Federal llegaron al cruce de 16 de Septiembre y Bolivia, debido a que se reportó la agresión a un agente municipal. También llegaron paramédicos de Rescate y periodistas de distintos medios de comunicación.
Al dirigirse al punto donde se encontraba el presunto municipal lesionado que era ya atendido por el médico José Guillermo Ortiz Collazo quien tenía su consultorio en el sector, los agentes federales informaron que un vehículo venía tras ellos desde cuadras antes, por lo que pidieron el apoyo de más elementos.
Al llegar al punto referido, las tres unidades oficiales se detuvieron y junto a ellos también lo hizo un auto de reciente modelo, Ford Focus verde, con placas de circulación 853 SHF6, del cual bajaron repentinamente dos hombres, por lo que los elementos policiacos comenzaron a disparar.
Tras los impactos se registró una explosión, que de acuerdo con el reporte de fuentes al interior de la Operación Coordinada Chihuahua, fue provocada por una granada de segmentación que se activó en el punto de manera intencional para acabar con la vida de los policías.
El estallido se escuchó a kilómetros de distancia del lugar e incluso las llamas que provocó, tanto del auto bomba como de las unidades oficiales siniestradas, fueron vistas desde diversos puntos de la ciudad.
Ventanas de las viviendas en varios metros a la redonda, cristales de autos, concreto de las banquetas, cinta asfáltica, así como piezas metálicas del propio coche bomba quedaron en el perímetro donde se registró la explosión.
El caso atrajo a investigadores estadounidenses expertos en materia de actos terroristas colaboran con autoridades mexicanas en las indagatorias del atentado con el coche bomba. (Staff/El Diario)
El recuento
• El 15 de julio de 2010, en el cruce de 16 de Septiembre y Bolivia, se perpetró un atentado con un carro-bomba en el que se emplearon tácticas terroristas
• Murieron el médico José Guillermo Ortiz Collazo, el agente federal Ismael Valverde Solares y el civil César Gabiño Aviña
• Seis policías federales y un camarógrafo de televisión resultaron lesionados
• Investigadores estadounidenses expertos en actos terroristas colaboraron con autoridades mexicanas en las indagatorias
• Según la Secretaría de Seguridad Pública federal, el ataque se registró como represalia por la detención del líder operativo de ‘La Línea’, Jesús Armando Acosta Guerrero, subordinado de ‘El Diego’, segundo en la estructura del grupo bajo el mando directo de Juan Pablo Ledezma, ‘El JL’, lugarteniente de Vicente Carrillo Fuentes.
redaccion@redaccion.diario.com.mx
