Marzo se convierte hasta el momento en el mes más violento del 2014, con 42 asesinatos ocurridos, pero en cuanto a violaciones a derechos humanos se hacen latentes varias situaciones, como el traslado ilegal de reos al reclusorio Aquiles Serdán; el “Operativo Mochila” en escuelas preparatorias; la extorsión de agentes ministeriales a comerciantes de mercados populares, además dela continuación del abuso policiaco en general.
De acuerdo a nuestro monitoreo de medios, durante marzo se cometieron 42 asesinatos, de los cuales 21 cuerpos siguen sin identificar, 15 pertenecen a hombres y 6 a mujeres. Contabilizamos 82 detenciones por delitos de los cuales destacan por número 32 por robo, 23 por posesión de droga y 11 por homicidio, siendo la policía municipal la que realiza el mayor número de detenciones con 53 y la Fiscalía del estado con 18; los detenidos son mayoritariamente hombres entre los 18 y 29 años de edad. En cuanto a abusos policiacos detectamos un homicidio, un intento de homicidio y un abuso de autoridad, perpetrados dos por la policía municipal y uno por agentes de la Fiscalía, pero están involucrados diez elementos.
Otro tipo de abusos policiacos no denunciados son los frecuentes arrestos de asistentes a fiestas y las detenciones ilegales a transeúntes, incluidos menores de edad; la destrucción de 66 patrullas de seguridad pública en cinco meses de la actual administración municipal, además de otros 6 accidentes viales provocados por policías municipales en el mes de marzo. El año pasado la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recibió 80 quejas de tortura contra diferentes corporaciones policiacas, mientras en el presente año, han recibido diez quejas contra la Policía Ministerial Investigadora, en Juárez y Chihuahua. Además, por otras causas, se han registrado 20 quejas contra agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez, mientras que el año pasado fueron 240 quejas contra los mismos.
A pesar de que los reportes oficiales del gobierno federal señalan que en Chihuahua no ha desaparecido ninguna mujer desde octubre del año 2011, la realidad es distinta: las desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres adultas en esta entidad no sólo han continuado, sino incluso han experimentado un repunte, ya que durante 2013, primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el número de casos aumentó 130% en comparación con el año anterior. En lo que va del mes, 4 mujeres desaparecieron en Ciudad Juárez de las cuales tres de ellas son menores de edad. En marzo también sucede el caso todavía no esclarecido del supuesto suicidio de la menor migrante ecuatoriana, Jocelyn Noemí Álvarez.
Otra acción polémica es la relacionada al traslado de reos al penal de Aquiles Serdán en la ciudad de Chihuahua, acción dictada por el gobernador del estado, César Duarte, que ha levantado reacciones entre los distintos gremios de abogados por violar varios preceptos constitucionales y tratados internacionales, los derechos humanos de los procesados, el principio del debido proceso y el principio de presunción de inocencia. Además familiares de las y los trasladados se quejan de actos de corrupción y soborno de custodios de ese penal para cambiar a sus familiares de área o regresarlos a Ciudad Juárez.
La Casa del Migrante a través de Blanca Cereceda denuncia que han recibido quejas de familias de Anapra y el Valle de Juárez que atienden a migrantes centro y sudamericanos, de ser acosados por policías municipales los cuales acuden a sus casas para acusarlos de ser tratantes de personas. Esta acusación se suma a la manifestación realizada por comerciantes de mercados populares en contra de agentes ministeriales por supuesta extorsión, mientras por otro lado, la prensa destaca que policías municipales “cazan” (extorsionan) a vehículos que cruzan por esta frontera con posible “mercancía” ilegal (contrabando).
Regresa de nuevo el “Operativo Mochila”, una acción policiaca de búsqueda de drogas y armas que viola los derechos humanos, en este caso de estudiantes preparatorianos, de lo cual el CDHPDN ya se ha pronunciado con anterioridad. Este tipo de acciones al igual que los retenes viales y el también operativo estrenado en marzo, “Cultura de la legalidad”, en centros nocturnos, son acciones favorecedoras del terrorismo de Estado al vulnerar los derechos ciudadanos con fines recaudatorios a través del miedo y de la legitimación de un Estado policiaco “democrático” que da tratamiento criminal a la sociedad por igual.
Finalmente el caso de Israel Arzate vuelve a ser noticia en marzo por la forma en que la Fiscalía General de Chihuahua protege a Ramón Gerardo Quintana Villasana, ex director del Cereso Estatal y actualmente director de Análisis, Control y Evaluación de dicha fiscalía, acusado de dar permiso de la salida y traslado a Arzate para ser torturado. La acusación además evidencia la transferencia de detenidos a instancias militares o policiacas para su tortura y da pie para la sospecha de más funcionarios de alto rango involucrados.
Por parte del CDHPDN, podemos compartir la buena noticia de la liberación de cinco de los implicados del caso “coche bomba”, usuarios nuestros, quienes injustamente pasaron tres años y medio presos por un delito que no cometieron, pero en base a un proceso repleto de irregularidades y a la insistencia y comprobación de su inocencia, ahora esperan la reparación del daño y el castigo a sus torturadores.
El reporte de marzo es contundente en cuanto a evidenciar el actuar policiaco y de la Fiscalía en esta frontera, el cual sigue dando actos violatorios a derechos humanos, con muchos aspectos a corregir al respecto y muchas dudas en cuanto al desempeño no solamente de las y los agentes policiacos, sino también de agentes del Ministerio Público, jueces y funcionarios estatales y municipales que propician además la impunidad.
