A una semana de la firma del convenio de transferencia de la Escuela de Mejoramiento Social para Menores “México”, de la tutela del municipio de Juárez a la Fiscalía General del Estado hacia el 2015, familiares de los jóvenes detenidos se quejan de cambios negativos traducidos en insultos, robos, torturas y amenazas a sus vástagos, así como maltratos verbales a los papás y mamás visitantes.
Según testimonios (cuyos nombres se reservan para evitar represalias) a pocos días de la firma han sido testigos de acciones que violentan los derechos humanos como los señalados anteriormente, donde el trato se caracteriza por ser contrario al objetivo de “protección integral y respeto a los derechos humanos de los adolescentes”, según cita de El Diario de Ciudad Juárez del dos de abril[1], tomando de referencia el decreto estatal “que dispone que la administración de establecimientos penintenciarios y la custodia de procesados y sentenciados se ejercerá por el Estado (gobierno del estado de Chihuahua) a solicitud del ayuntamiento”.
Si estas situaciones anómicas ya están sucediendo de manera inmediata, es claro que el gobierno del estado no hará esfuerzos por readaptar a las y los jóvenes recluidos ni en el mediano ni en el largo plazo; que no le interesa su situación legal sino para facilitar y legitimar las acciones policiacas de la “lucha” contra la delincuencia haciendo uso de técnicas violatorias aplicadas a un grupo de por sí vulnerable; y que mantendrá la política de fabricación de culpables para continuar con la lógica de “producción” de resultados en seguridad pública, que aseguran jugosos presupuestos e imagen mediática, aunque no legitimidad ni confianza en la gente por ser acciones contrarias a la democracia.
Al Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPDN) le preocupan las declaraciones del fiscal general del estado, Jorge González Nicolás, en esa misma nota, donde dice con respecto a dicha transferencia que “permitirá a la fiscalía obtener información que repercuta en el combate a organizaciones delictivas”. Estas palabras coinciden en los hechos con los testimonios recibidos en esta organización y debe mover a la acción para evitar que continúen los abusos y violaciones a la ley en contra de las y los jóvenes de la Escuela de Mejoramiento Social para Menores, conocida popularmente como “Tribunal para menores”.
La criminalización, hostigamiento, persecución y desatención de las y los jóvenes por parte del Estado, ha sido una constante en Ciudad Juárez desde antes de los operativos militar-policiacos de la “guerra contra el narco” y es con mucho, el sector más perjudicado. El programa “Después de las diez en casa en mejor” mejor conocido como Toque de queda para menores, los “operativos mochila” para detectar armas y drogas en escuelas preparatorianas o las masacres en centros de rehabilitación para las drogas o en fiestas de barrio, como la ocurrida en Villas de Salvárcar, son ejemplos muy cercanos y dolorosos de la situación de las y los jóvenes juarenses a la que se suma esta transferencia de tutela penitencial y no de mejoramiento social.
El CDHPDN hace un llamado al gobierno del estado de Chihuahua a través de la Fiscalía General, a apegarse a las leyes nacionales y tratados internacionales en materia de derechos humanos que ha ratificado y por obligación debe cumplir, incluyendo el castigo a los responsables y la reparación del daño. A los padres y madres de jóvenes afectados les invitamos a hacer valer sus derechos acudiendo a este u otro centro derecho humanista denunciar cualquier abuso por parte del Estado.
De la justicia de cada uno(a)
Nace la paz para todos y todas
