A principios de mayo sale a la luz pública el más reciente informe de Amnistía Internacional (AI) correspondiente al año 2013 con información de 159 países y territorios, donde se ratifica que prácticamente en todo el mundo los Estados siguen violando derechos humanos.
Resulta sumamente interesante el informe de AI por la gran cantidad de violaciones registradas: tortura, represión, asesinatos, detenciones arbitrarias; discriminación, segregación, desalojos, racismo, autoritarismo y feminicidio; espionaje, impunidad, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, son algunas de las muchas situaciones de violaciones a los derechos humanos encontradas a lo largo del recorrido por el documento, donde se descubren los niveles de exceso de poder, omisiones o aquiescencia de los Estados a través de sus gobiernos y actores políticos, militares y policiacos.
El caso de México en el informe de AI es uno de los más extensos (ocupa cinco páginas) y en el se visualiza una generalizada situación de violaciones a derechos humanos, donde se destacan las detenciones arbitrarias, la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, cometidas por fuerzas policiacas y de seguridad (página 228). El informe coincide fehacientemente con las 180 observaciones exhibidas en el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas del 2013 y con infinidad de denuncias y acusaciones presentes, muchas de ellas todavía, en los distintos medios informativos independientes u organizaciones derecho humanistas autónomas.
Dentro del apartado dedicado a México, el informe cita varios casos de otras tantas entidades de la república, rememora los más de 60 mil asesinatos y 150 mil personas desplazadas herencia del gobierno de Felipe Calderón; señala el abuso a migrantes centroamericanos en tránsito, a las comunidades indígenas y exhibe casos de violencia contra mujeres y niñas, así como una crítica al sistema de justicia penal por el 98% de casos sin resolver (impunidad) así como a las fuerzas del orden (marinos, ejército y policías) por la gran cantidad de excesos en el contexto de la lucha contra la delincuencia (“guerra contra el narco”).
AI cita tres casos de violaciones graves en el estado de Chihuahua, siendo el primero el de los hermanos Figueroa Gómez (Juan Antonio, Jesús Iván y Luis Adrián, este último de 14 años) detenidos arbitrariamente y torturados para declararse culpables de extorsión en enero del 2013 por agentes judiciales (página 229). El caso es llevado por el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y ha podido liberar al menor en agosto del 2013 (Luis Adrián) pero aún sigue el juicio de los otros dos hermanos, mientras tanto sus familiares sufren acoso de agentes ministeriales cada vez que hay audiencia. Otro caso de abuso se registra en Baborigame, en la parte sur de la Sierra Tarahumara, en el municipio de Guadalupe y Calvo, cuando el indígena Carmen Puerta Carrillo es asesinado por disparos de soldados cuando manejaba cerca de una base militar y sin mediar advertencia alguna, además se acusa a los militares de amenazar a los familiares para que no denuncien el hecho (página 230). El tercer caso se refiere a la violencia contra las mujeres y los cuerpos de 13 o más adolescentes encontrados en el Valle de Juárez durante los primeros meses del 2012 (página 232) con lo que se atestigua la continuación del feminicidio en el presente.
La situación de los derechos humanos en Chihuahua se ha complicado en los últimos años y es tan grave actualmente, que no sólo AI, sino otros organismos como las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) Human RightsWatch (HRW) o la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han puesto sus ojos en el estado y particularmente en Ciudad Juárez, pues en Chihuahua se siguen cometiendo violaciones por parte de las policías (municipal, estatal y ministerial) con el visto bueno de gobiernos y jueces a modo con “programas” aprobados por el empresariado local y el gobierno de Estados Unidos (Plan Mérida).
Sin embargo el informe de AI a pesar de ser amplio y agudo, se queda corto en cuanto a lo que sucede en Chihuahua, pues no alcanza a proyectar las dimensiones de la violencia del estado en regiones como la Sierra Tarahumara, donde las gavillas del narcotráfico desvelan un Estado fallido en varios municipios o bien el desplazamiento de población en esta región y sobre todo en Ciudad Juárez, donde decenas de miles de personas han cruzado hacia Estados Unidos o regresado a sus lugares de origen en busca de seguridad. Otras situaciones, como las tragedias prevenibles del espectáculo aeroshow en la ciudad de Chihuahua o el de la fábrica de dulces Blueberry en Juárez, descubren el grado de corrupción del gobierno y la vulnerabilidad de la sociedad ante la injusticia y la impunidad.
En términos generales el informe de AI 2013 es un referente obligado para conocer de manera general la situación de México y en particular de sus estados, ciudades y poblaciones más vulneradas, frente a las diversas violaciones de derechos humanos donde Chihuahua es uno de los estados más afectados. El objetivo de AI de informar se cumple y sirve para conocer las enormes fallas del Estado mexicano para brindar justicia y para fortalecer los esfuerzos de la sociedad civil para organizarse en pro de la defensa de sus derechos.
Para consultar el informe:
http://files.amnesty.org/air13/AmnestyInternational_AnnualReport2013_complete_es.pdf
