El mes de mayo, hasta el momento es el más letal del 2014 con 47 asesinatos y 28 cadáveres u osamentas sin identificar, contabiliza 48 eventos delictivos cometidos por 76 hombres y 9 mujeres, de los cuales hay sólo un detenido por homicidio, siendo el rango de los 18 a los 29 años la edad los que cometen más delitos y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) la principal corporación detentora. 17 eventos delictivos no tuvieron consignaciones.
Durante mayo se produjeron 9 eventos violatorios a derechos humanos: cinco perpetrados por la policía municipal, dos por agentes ministeriales y uno en el Juzgado del VI Distrito con delitos que van desde daños a la propiedad y lesiones por choque, hasta privación de la vida y homicidio imprudencial, pasando por amenazas, tortura y privación de la libertad. Dentro de estos eventos se destacan varias denuncias de tortura contra agentes de la SSPM, particularmente por utilizar linternas con este propósito; los choques y accidentes provocados por vehículos de SSPM, ocasionando el deceso de un civil y de un oficial en diferentes hechos; en este rubro también se reporta el choque de un agente de la Procuraduría General de la República (PGR) a un sacerdote católico.
También se violaron derechos humanos con los retenes automovilísticos e inspecciones a usuarios de transporte público realizados por la Fiscalía General del Estado (FGE) en busca de irregularidades de cualquier tipo, mientras la SSPM, no quedándose atrás, hizo lo propio inspeccionando a pasajeros de transporte público también con el pretexto de buscar ilícitos (drogas, armas, personas con órdenes de aprensión). La SSPM arrestó a un promotor social por organizar un partido de fútbol con niños.La FGE además es reprobada en transparencia, según el Observatorio Ciudadano, al no contestar ninguna de las 126 pautas que le fueron enviadas.
Por su alto impacto en Ciudad Juárez, dentro de los asesinatos de mayo, se destacan los de los abogados Salvador Urbina Quiroz y César Cordero Gutiérrez, el primero reconocido por su posición crítica al sistema de justicia, además de articulista de opinión y ex dirigente que generó la protesta del gremio; el presunto asesino es el único detenido del total de homicidios y feminicidios registrados en el mes. El asesinato en hechos distintos de tres personas de la comunidad lésbico-gay-bisexual y transgénero-transexual-trasvesti (LGBTTT) también generó protestas de integrantes y simpatizantes de esta comunidad, una de las más vulneradas frente a la violencia inacabable de la ciudad.
El sábado 10 de mayo el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPDN) en concordancia con otras organizaciones derecho humanistas del país, realiza la “Marcha de la dignidad, madres buscando a sus hijas, hijos, verdad y justicia”, para exigir al Estado mexicano investigue y encuentre a las y los desaparecidos, así como para exhibir, informar y sensibilizar de la gravedad del problema (se calcula hasta 26 mil casos de desapariciones en México) entre otras demandas. El CDHPDN lleva actualmente ocho casos de desapariciones forzadas sucedidas en Ciudad Juárez y de juarenses o residentes de Juárez desaparecidos en otras ciudades del estado y país.
En mayo aparece el informe anual de Amnistía Internacional correspondiente al 2013, donde se aprecia el repunte generalizado de las violaciones a derechos humanos en todo el país, resaltando tres casos ubicados en Chihuahua (el caso de tortura en contra de los hermanos Figueroa en Ciudad Juárez, representados por el CDHPDN y actualmente en litigio; el asesinato de Carmen Puerta Carrillo en Guadalupe y Calvo, por militares; y el descubrimiento de trece osamentas de mujeres jóvenes encontrados en el Valle de Juárez en el 2012). Las violaciones a derechos humanos en México, según este informe, se relacionan con la política de combate al narcotráfico, legado del sexenio de Felipe Calderón, devenida en excesos de las fuerzas del orden público, incluida la milicia, así como por el deficiente sistema de justicia penal, que actualmente registra 98% de casos sin resolver.
Esto sucede además en un contexto nacional de pérdida de derechos sociales, como el ejercicio de la protesta, en los estados de Chiapas y Puebla, donde en el mes de mayo han sido aprobadas leyes represivas favorables al uso de la fuerza pública, incluyendo el uso de armas de fuego en el caso de Puebla, para dispersar manifestaciones.El panorama para los derechos humanos se vislumbra todavía con grandes obstáculos por sortear.Lo grave de esta situación es que se reproduce un modelo de seguridad y justicia favorable al abuso policiaco y la impunidad.
El estado mexicano sigue violando sus propias leyes y tratados internacionales, pero ante la opinión pública local, nacional e internacional, maneja un discurso a favor de los derechos humanos. En la práctica está lejos de ser así; por el contrario, el gobierno federal plantea el involucramiento de militares en el Plan para la Seguridad Nacional 2014-2018 sin tomar en cuenta al poder legislativo ni la sociedad mexicana.
En Chihuahua el autoritarismo del gobierno del estado se hace evidente en acciones como la protección a los responsables de la tragedia del Aeroshow, el conflicto con el albergue infantil Los Ojos de Dios, las amenazas a periodistas y la situación de Estado fallido en varios municipios serranos, de donde poco se sabe, pero constantemente llegan noticias de asesinatos. La noticia de que el Tribunal Agrario ordena la devolución de territorio a indígenas de Baqueachí, Carichí, después de 86 años de disputa, es la más celebrada del mes.
La percepción en Ciudad Juárez de la policía es de desconfianza y temor, según la encuesta “Seguridad Ciudadana, Prevención, Derechos Humanos y Sistema de Justicia” aparecida a mediados de mes, concuerda con las violaciones aquí expuestas y permite reconocer el impacto negativo de estas acciones en la población en general.
