El 26 de junio de 1987 entra en vigor la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Organización de Naciones Unidas y el 12 de diciembre de 1997 se proclama en asamblea como el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de Tortura, con la idea de erradicar estas prácticas del mundo.
El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPDN) conmemora por segundo año consecutivo este día, en respaldo a quienes en esta ciudad fronteriza han sufrido y sobrevivido la tortura. Sabemos por la experiencia del centro, sobre todo en los últimos cinco años de recibir y llevar casos de personas detenidas y forzadas a declararse culpables por delitos que no cometieron, que la tortura es parte de los métodos de detención y fabricación de culpables de la justicia mexicana. Es lamentable comprobar que el Estado mexicano sigue utilizando la tortura como método y que la impunidad permite este tipo de prácticas deleznables.
Ciudad Juárez es un ejemplo de violaciones a los derechos elementales donde la tortura ocupa un lugar preponderante. Según seguimiento periodístico mensual llevado por el centro, son comunes las detenciones policiacas con lujo de violencia, pero son pocos los agentes policiacos acusados por tortura y menos aún, los sentenciados por dicho delito[1]. Durante la gestión de Julián Leyzaola, secretario de seguridad pública del municipio de Juárez entre 2011 y 2013, militar de mano dura acusado de tortura en Baja California[2], las detenciones arbitrarias se disparan, así como las ejecuciones extra judiciales y la tortura, continuando la práctica dejada por la Policía Federal y el ejército en el periodo del 2008 -2011. La mayoría de los casos de tortura perpetrados por las fuerzas del orden permanecen impunes, incluyendo al señor Leyzaola, quien goza de libertad.
De los casos llevados por CDHPDN, es inevitable encontrar las huellas de tortura plasmadas primero en los testimonios y luego vía el Protocolo de Estambul, de quienes se ven forzados a autoinculparse bajo amenazas, golpes y tortura. Es precisamente a partir de comprobarse dichos eventos, que casos como el de los hermanos Figueroa Gómez, los hermanos Ortiz Lira y el más mediático, el caso “coche bomba”; todos ellos (ocho en total) actualmente libres, es posible señalar la práctica de la tortura como parte del modus operandi de la policía y los agentes del Ministerio Público.
A pesar del éxito jurídico de estos últimos tres casos, las secuelas de la tortura deja a sus víctimas dañadas emocionalmente y vulnerables cuando se reintegran a sus actividades cotidianas. El estigma de ser exhibido como delincuente, herido el honor y herido el cuerpo, prolonga el sufrimiento aun después de haber conseguido la libertad. El tiempo perdido en la cárcel, los malos tratos en la misma, a veces la lejanía del encierro o la incomunicación, agregan a la tortura física elementos adicionales dolorosos que afectan el estado de ánimo de las víctimas. La depresión y la ansiedad son comunes en los afectados y el proceso para adaptarse a la vida en libertad se vuelve dificultoso si no se hace acompañado.
Para el CDHPDN es importante estar constantemente promoviendo la cultura de los derechos humanos como un antídoto ante la impunidad, la tortura y otras formas de violaciones a los derechos humanos. La razón de estar en uno de los sitios en México donde se desarrollan más este tipo de actividades en contra de la sociedad por parte de un Estado policiaco, Ciudad Juárez, una ciudad flagelada constantemente por las autoridades, nos hace estar vigilantes de la actuación de la policía y sensibles a las denuncias de la ciudadanía. La tortura sigue presente en la realidad juarense.
El CDHPDN hace un pronunciamiento en contra de la tortura en todas sus formas y prácticas, por todas las implicaciones que tiene en las vidas de quienes la sufren y padecen incluso muchos años después de haber ocurrido el incidente. Hacemos un llamado a las autoridades, al Estado mexicano en sus tres niveles de gobierno, al sistema de justicia, a las y los jueces, militares y agentes policiacos, a que actúen con apego a la constitución y a los tratados y leyes internacionales firmadas y ratificados por el Estado mexicano respetando las leyes, pero sobre todo, a las personas humanas.
La tortura es sinónimo de barbarie y no de civilización. Las culturas, naciones y personas que cometen o permiten este delito no están apostando por un mundo mejor, la justicia o la verdad, sino cometiendo crímenes de lesa humanidad. Debemos estar pendientes de evitar esta práctica denigrante de la dignidad humana y exigir castigo a los culpables y reparación del daño a las víctimas. Mientras esto no sea así, estamos construyendo el camino de la desgracia condenando a la sociedad a vivir bajo un régimen de miedo y desconfianza en las autoridades, con cada vez menos derechos y con cada vez mayores temores a defenderlos.
La situación de tortura en el estado de Chihuahua y particularmente en Ciudad Juárez es alarmante. Está en la mira de organizaciones de prestigio y renombre internacional como Amnistía Internacional y la Organización Naciones Unidas, ante la grave y constante aparición de casos de tortura que ha llamado su atención y en un esfuerzo también por apoyar las denuncias y el trabajo que organismos como el CDHPDN hacen por defender los derechos humanos en un estado y ciudad hostiles al activismo y la libertad de expresión. A pesar del discurso oficial del gobierno del estado de Chihuahua que presume la disminución de asesinatos y niega la tortura en sus filas a pesar de la evidencia; de cierto tipo de prensa que se autocensura para bajar el perfil de la todavía vigente “guerra” contra el narcotráfico y se alinea a los dictados del Estado, acusándolo junto con este al centro de “defender a delincuentes”.
El CDHPDN en este jueves 26 de junio, Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura, nos solidarizamos con quienes han tenido esta amarga experiencia de pasar un proceso jurídico violatorio a sus derechos y garantías individuales. No cesaremos en denunciar la tortura cuando la haya, pensando siempre en que esta práctica retrógrada sea erradicada para siempre del actuar policiaco. Es deber del Estado mexicano castigar y erradicar la tortura; es deber del CDHPDN acompañar a las víctimas hasta alcanzar justicia y promover en la sociedad el fortalecimiento de sus derechos humanos.
De la paz de cada uno(a)
Nace la paz para todos y todas
