La horripilante historia de los sucesos ocurridos en Iguala con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero, cuyo fin todavía desconocemos, abre también la oportunidad a nivel nacional de cuestionarnos sobre la desaparición forzada en este país, sobre todo en años recientes. Ciudad Juárez sufre, al igual que otros lugares de la geografía de México, el terror de de este tipo de prácticas todavía recurrentes cuyo eslabón crítico se ubica en la represión del Estado y grupos paramilitares hacia población que considera hostil o desechable.
El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPDN) lleva actualmente nueve casos de desaparición forzada ocurridos en la ciudad, Cuauhtémoc, Jiménez y Praxedis G. Guerrero y de personas oriundas de Juárez, pero desaparecidas en Zacatecas y Veracruz, pero sólo cubrimos una mínima parte de los cientos de hombres y mujeres desaparecidos a nivel local, de los miles a nivel estatal y de decenas de miles a nivel nacional. Desde tiempos de la “guerra sucia” de los años sesenta y setenta del siglo pasado, no se había incrementado de manera tan dramática la desaparición forzada en México.
El CDHPDN ya se ha pronunciado de manera oportuna a través de la Red Nacional Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TdT) a la que estamos adheridos junto con otras 72 organizaciones derecho humanistas, por la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, pero también nos obliga la realidad de Ciudad Juárez a hacer visible el mismo problema en la ciudad, sobre el cual nos interesa que también se acelere la búsqueda y se haga justicia no sólo para los casos nuestros, sino en general para acceder a la verdad como sociedad, sobre todo para quienes han optado por el silencio o el desahucio, ya sea por miedo o desánimo, en la búsqueda de su familiar o ser querido.
A partir de los acontecimientos de Guerrero, moralmente el Estado está obligado por las penosas circunstancias que lo involucran con la desaparición forzada, tortura y otras violaciones a derechos humanos, a ofrecer acciones contundentes y de cara a la sociedad. El Estado mexicano, en este caso a través de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, no ha entendido cómo le puede afectar la situación de Guerrero si no piensa en acelerar las búsquedas de quienes “se encuentran extraviados(as)” en el estado. No ha comprendido, como en el caso del feminicidio, que la sociedad tiene una paciencia y un límite. El Estado no puede seguir marchando hacia la impunidad sin esperar una respuesta ciudadana más exigente.
El descubrimiento de varias fosas clandestinas con cuerpos humanos en Guerrero, que según el procurador de la república, Jesús Murillo Karam, no pertenecen a ninguno de los 43 normalistas desaparecidos, ¿a quiénes pertenecen entonces? Actualmente la Secretaría de Gobernación (sub)estima en 16 mil las desapariciones en México mientras estados como Chihuahua, minimizan o desconocen el término cambiándolo por el menos alarmante de personas extraviadas para maquillar cifras a su favor y no hacer nada. Esta actitud es arrogante sabiendo la gran cantidad de personas buscando a sus familiares desaparecidos quienes han estado exigiendo “mover a México” para encontrarlos.
La cuestión es que la sombra de Guerrero no hace sino sacar a la luz la podredumbre del Estado mexicano en materia de seguridad y derechos humanos. Desde al menos la segunda mitad del siglo XX podemos rastrear la desaparición forzada en el país, por lo que no es un fenómeno anómico nuevo, sino reciclado. No es en vano los señalamientos de organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros hacia este suceso en particular. Cada que se descubre una nueva fosa, el Estado mexicano se hunde más, pues deja ver la magnitud de la inseguridad pública, como una muestra de lo que sucede en el país.
La mayoría de las personas desaparecidas de manera forzada no son “delincuentes”, “narcos” o “terroristas”, como suelen estereotipar o difamar en los medios masivos de comunicación y organismos estatales. La realidad indica que las posibilidades de ser víctima de desaparición forzada son mayores para jóvenes de ambos sexos, activistas y migrantes, pero personas de todas las edades, clases y estratos sociales pueden ser desaparecidas sin ningún motivo aparente. Las pistas más frecuentes en la mayoría de los casos regularmente apuntan hacia fuerzas armadas legales e ilegales.
La desaparición forzada tiene que ver con políticas de Estado planeadas para generar terror en la sociedad o a ciertos grupos sociales, ya sean perpetradas por agentes propios o externos. Esto también genera una descomposición de los cuerpos de seguridad, el abuso del poder político y la corrupción del sistema de justicia, como es innegable en el estado de Chihuahua por su escandalosa e interminable violencia donde además es visible la poca o nula autonomía de los órganos de justicia y el autoritarismo del gobernador del estado César Duarte, quien a la fecha se niega a aceptar la situación todavía crítica del estado en este tenor.
En el CDHPDN constatamos de manera alarmante la impunidad cómo método y la apatía o línea política tanto de gobernantes, jueces y sobre todo fuerzas policiacas, como los principales obstáculos para alcanzar la verdad, la justicia y ofrecer resultados a una sociedad ansiosa de vivir en paz. Ni los asesinatos han cesado, ni los asaltos disminuido, y para colmo, la desaparición forzada sigue siendo un modus operandi policiaco justificado por el contexto de la “guerra contra el narco”. No se ha llevado al banquillo de los acusados a ningún jefe policiaco por algún caso de desaparición forzada ni se cuestionado tampoco a ninguno de los políticos y empresarios que toleran o financian ajustamientos extra judiciales (de la policía encubierta) la desaparición forzada y la “limpieza social”. Así es imposible aspirar a la paz, la justicia y la reparación del daño que una sociedad tan agravada y dolida como Ciudad Juárez merece.
Juan Miguel Bustamante Morales (desparecido en abril del 2010)
Mario Alberto Bustamante Valdez (desaparecido en abril del 2010)
César Gonzalo Durán Calderón (desaparecido en julio del 2011)
César Ávila López (desaparecido en febrero del 2011)
Eric Aguirre Balbuena (desaparecido en septiembre del 2012)
Adrián Favela Márquez (desaparecido en octubre del 2012)
Adriel Alonso Ávila Barrios (desparecido en octubre del 2012)
Daniel armando Guzmán Ramos (desparecido en noviembre del 2012)
José Antonio Chaparro Ledezma (desaparecido en abril del 2014)
Con ellos nos llevaste a todas y todos.
Regrésalos
