Ciudad Juárez Chihuahua 09 de Mayo del 2017
Este domingo pasado y hoy lunes un medio de información ha dado a conocer una denuncia de parte de dos personas y de la Asociación de Abogados Penalistas de Ciudad Juárez que exigen se investigue y sea separado del cargo el agente del Ministerio Público (MP) Miguel Ángel Luna López, así como los policías ministeriales que al parecer ejercieron tortura sobre los dos detenidos. Esto mediante declaraciones y la presentación de un video en que dicho Agente Ministerial y otras personas torturan e interrogan a las dos personas que fueron acusadas del delito de extorsión y condenadas a pena vitalicia.
Dicha denuncia coincide con el patrón de actuación de agentes ministeriales de las quejas recibidas en el Centro de Derechos Humanos “Paso del Norte” y con la base de datos del seguimiento hemerográfico sobre la tortura que dicho Centro tiene registrado. En uno de los casos (Hnos. Figueroa, y Sánchez) que el Centro asumió la Defensa, en el expediente aparecen al menos tres nombres de agentes ministeriales que denuncia la Asociación de Abogados Penalistas. El Patrón y el Contexto de actuación para la obtención de declaraciones auto incriminatorias es consistente también en el actual caso que el Centro lleva, el de dos jóvenes mujeres sentenciadas (Rocío y Karla) anteriormente a pena vitalicia por el delito de extorsión y cuyo juicio se ha tenido que reponer porque el Juez no consideró las denuncias de tortura presentada por las acusadas, en este nuevo juicio los peritos que dictaminaron, reconocen la práctica de la tortura en contra de estas jóvenes y que dicha práctica es consistente en su forma de realización a lo practicado en el país en general y en Ciudad Juárez en particular. La forma de tortura es muy similar a lo observado en el video arriba mencionado cuya finalidad era obtener la autoincriminación y así poder, por parte de las autoridades correspondientes, dar cuentas de buenos resultados ante la persistencia de delitos graves como la extorsión, esto reconocido por el agente Miguel Luna en entrevista otorgada a reportero el día 13 de noviembre del 2013 y que literalmente dice: La verdad las leyes las hicieron a la medida. Algo se tenía qué hacer. Cuando el secuestro y la extorsión se nos fueron de control se hicieron reformas al Código Penal. Con la pura confesión los sentenciaban. (Diario de Juárez 13-11-2013).
La práctica de la Tortura y el modo de operar fueron también planteados en el Informe de Juan E. Méndez, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, en el 2014 concluyendo que la tortura en México tiene como finalidad: castigar o extraer confesiones o información. Hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces, y que las salvaguardias son débiles, especialmente para detectar e impedir la tortura en esos primeros momentos y asegurar su investigación pronta, imparcial, independiente y exhaustiva. Frecuentemente el registro de detención y los exámenes médicos son deficientes y no constatan alegaciones o evidencias de torturas; no existe control adecuado sobre la legalidad de la detención ni del plazo para la presentación al Ministerio Público; no se accede a una defensa adecuada en forma inmediata; las declaraciones se prestan sin intervención judicial ni presencia del abogado; no se inician investigaciones de oficio ni se excluyen de oficio pruebas obtenidas bajo tortura; y se hace una interpretación restrictiva e incorrecta del Protocolo de Estambul. (Informe…. Conclusiones)
Todo ello ha generado y fortalecido un estado de impunidad por los agentes perpetradores, aun en los casos en los que el Juez ha dado vista, (Hnos. Figueroa, Sánchez y Rocío y Karla) es decir ordenando al ministerio público abrir una carpeta de investigación en contra de agentes perpetradores de tortura y la Fiscalía del Estado no ha querido judicializar.
Por ello el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A.C una vez más manifiesta que la impunidad de la tortura y el maltrato es aliciente para su repetición y agravamiento. Y que para combatirla, es necesario garantizar el derecho de todas las víctimas a una reparación integral, incluyendo la revocación de sentencias o la desestimación de acusaciones auto incriminatorias obtenidas por tortura como en el caso de los Hnos. Figueroa y Sánchez.