Tan solo en Ciudad Juárez se iniciaron investigaciones contra 216 elementos de la Fiscalía General del Estado en ese periodo de tiempo. Ninguna ha concluido. En esta instancia laboran entre 280 y 300 agentes ministeriales, de acuerdo con el fiscal Zona Norte, Jesús Manuel Carrasco Chacón.
Desde 2010 se iniciaron en el estado 1,715 carpetas de investigación por el delito de tortura. De esas, en 872 casos se señala como responsable a un empleado estatal. Le siguen de cerca con 814 carpetas las diversas instancias municipales, de acuerdo con datos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua recibidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
En Ciudad Juárez se abrieron en los últimos doce años 1,153 carpetas de investigación por el delito de tortura: 469 contra empleados estatales y 663 contra empleados municipales. En la ciudad sólo existen cinco sentencias por este delito; todas ellas contra agentes municipales.
La instancia encargada de investigar es la Fiscalía General del Estado a través de la Unidad Interna de Control para el caso de los agentes adscritos a la misma Fiscalía y la Unidad de Delitos contra la Paz para el caso de agentes municipales, federales o particulares
La aplicación de la tortura es una trampa del sistema de procuración de justicia, una falla en la democracia y un atentado contra la dignidad humana y la sociedad en general, de acuerdo con activistas, derechohumanistas, abogados y especialistas.
“Es un sistema de fraude de justicia, todo lo que se estructura alrededor de la tortura. Si las instancias de administración de justicia utilizan la tortura están quebrando un pacto esencial democrático, que es que las autoridades procuren que las personas gocen de igualdad de derechos. Entonces ahí lo que hay es una trampa”, dice al respecto Ángel Salvador Ferrer, oficial de prevención de la tortura de la asociación civil Documenta, que desde la Ciudad de México incide en el país para construir un sistema de justicia apegado a los derechos humanos.
“Cómo puede ser que existan tantos casos de tortura que cumplen con tantos patrones, lo primero que nos lleva a decir es que no son hechos aislados. Vemos que hay unas estructuras de poder que utilizan de forma muy ventajista la tortura y eso no lo pueden hacer las autoridades digamos razas, primeros respondientes, no es que todos los policías de investigación se pongan de acuerdo para decir ‘ahora vamos a torturar a todo el mundo de la misma forma y vamos a proceder igualmente’, eso no ocurre así, entonces a qué responde, pues a estas cadenas de mando donde más arriba suele haber alguna autoridad que dirige alguna instancia o corporación que utiliza con un fin político muy claro la tortura”, menciona.
De acuerdo con el especialista hay un primer actor que comete la tortura directamente al infligir dolor y sufrimiento a un detenido. Pero es importante ver esta violencia con una perspectiva más amplia, dice, ya que hay personas más arriba que instigan para que esto ocurra.
“Podemos investigar la tortura con la óptica más corta, una óptica miope en la que decimos aquí hay un caso de tortura y el policia este es el torturador. Pero si quieres analizar el problema de una forma más general tienes que ir un poquito más arriba, hacer un mapa contextual que te va señalando estructuras más elevadas. El problema es que al exhibir esto públicamente el riesgo es mayor”, agrega.
“La autoridad siempre te va a decir que va en la persecución de un delito y que va buscando a presuntos culpables, pero lamentablemente no se hace un trabajo de investigación y la intención de las detenciones que a veces se hacen de manera arbitraria es precisamente para ellos facilitarse el trabajo y sin un trabajo previo de investigación se van a un interrogatorio para la fabricación de culpables”, de acuerdo con Silvia Méndez, directora del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN), desde donde acompañan legalmente casos de víctimas de tortura en Ciudad Juárez.
“Como sociedad, con la práctica de la tortura, lo único que estamos haciendo es viciar más el sistema, encarcelar inocentes y que personas culpables estén gozando de libertad”, menciona.
De 2010 a octubre de este año, la Fiscalía General del Estado ha registrado 2 mil 422 víctimas de tortura en todo el estado. De estas 2 mil 209 fueron hombres y 213 mujeres.
Ambos derechohumanistas coinciden al señalar que existe un perfil de víctima de tortura muy propenso a hombres jóvenes, de estratos sociales bajos y de zonas pauperizadas de la ciudad.
“Los índices de torturas son más altos en chicos jóvenes de estrato social bajo y, por lo tanto, de entornos un poquito más pauperizados. A quienes torturan les viene muy bien porque van a tener que rendir muchas menos explicaciones”, menciona Ángel Salvador Ferrer.
Respecto a las posturas oficiales desde la fiscalía lo que se encuentra de manera regular es una negación de la práctica de la tortura, de acuerdo con los especialistas.
“La tortura es algo que no ha desaparecido, cada funcionario que llega trata de decirte que ha disminuido o que no sucede en su periodo”, dice Silvia Méndez.
“No podría establecer que esté erradicada, no creo que podamos señalar que trabajamos con tal éxito, pero sí estoy seguro de que se ha disminuido en gran medida”, menciona en entrevista el fiscal Zona Norte, Jesús Manuel Carrasco Chacón.
El funcionario estatal asegura además que en la mayoría de los casos la tortura no existe, pero es un argumento legal que buscan las defensas de los imputados para lograr la libertad de sus clientes.
“Viene a ser parte de una estrategia en la defensa de los imputados en donde todo mundo se queja de tortura, pero no necesariamente tienen éxito”, afirma el fiscal.
De acuerdo con Silvia Méndez, desde el CDHPN, notaron la práctica de la tortura como algo sistemático tanto en la Secretaría de Seguridad Pública Municpal como en la Fiscalía General del Estado.
Específicamente notaron que había varias denuncias de tortura en las unidades encargadas de investigar el secuestro y la extorsión en la Fiscalía en Ciudad Juárez, a partir de 2010.
Entonces era gobernador del estado César Duarte Jáquez; Carlos Manuel Salas el fiscal general del Estado; Jorge González Nicolás, fiscal Zona Norte; Jesús Manuel Carrasco Chacón, actual fiscal Zona Norte, coordinaba la Unidad Modelo de Atención al Secuestro y Miguel Ángel Luna López, actual coordinador de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, coordinaba la Unidad Especializada en Delitos de Extorsión.
Para leer la investigación completa realizada con apoyo de La Verdad Juárez ingresa al siguiente link:
https://laverdadjuarez.com/micrositios/investigacion-tortura/
