El pasado 4 de octubre, el Senado aprobó por mayoría dividida ampliar hasta el 2028 la presencia de fuerzas armadas en las calles argumentando que era necesario proporcionar seguridad a la ciudadanía pues hasta ahora la Guardia Nacional no había hecho lo suficiente. Hoy la Cámara de Diputados discutirá y someterá a votación el dictamen del Senado para votar mañana en el Pleno.
La participación de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública es particularmente preocupante debido a la opacidad con las que éstas pueden operar en comparación con las corporaciones policiacas. Asimismo, la lógica de operación militar es reactiva y de combate frontal al enemigo, mientras que la seguridad de la ciudadanía demanda un enfoque basado en la prevención del delito y la atención a las víctimas. Estas circunstancias han puesto en riesgo el respeto y la protección de los derechos de las y los ciudadanos, lo que se ha reflejado desde 2007 en un aumento de las quejas recibidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre las acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Por ello, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló en su informe de mayo de 2022 que el enfoque de seguridad pública caracterizado por la militarización para combatir la delincuencia, ha sido insuficiente e inadecuado en lo que atañe a la protección de derechos humanos.
La estrategia de militarización de la seguridad pública no ha tenido un impacto significativo en garantizar la paz y la justicia de la ciudadanía. Al contrario, recurrir a las fuerzas armadas para sustituir las funciones de las corporaciones policiales agravó la violencia en distintas zonas del norte del país y propició la violación de derechos humanos como en los casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Neutralizar la amenaza que representan las actividades del crimen organizado requiere un enfoque que trascienda las tácticas de combate frontal al enemigo, pues éstas generan condiciones que posibilitan la violación de derechos humanos. Una estrategia de seguridad adecuada y efectiva requiere la creación de corporaciones policiales comandadas por civiles, con elementos bien capacitados, en contacto cercano con la ciudadanía y que cuenten con el equipo necesario. Además, el despliegue efectivo de estos elementos debe realizarse a partir de una exhaustiva labor de inteligencia e investigación. También es fundamental generar mecanismos que impidan la corrupción y la impunidad en las fuerzas destinadas a tareas de seguridad.
Como establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en la sentencia: Caso Alvarado Espinoza y Otros Vs. México. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 370, párr. 182:
La participación de las fuerzas armadas en temas de seguridad pública debe ser excepcional, extraordinaria, justificada, subordinada, complementaria y fiscalizada por órganos civiles competentes e independientes.
Para quienes vivimos en los estados del norte de México como son Coahuila, Nuevo León y Chihuahua, el hecho de que el Ejército continúe en las calles garantiza graves violaciones a derechos humanos, pues en los últimos años, las organizaciones aquí representadas, hemos documentado casos donde militares se encuentran involucrados directa e indirectamente, sobre todo posterior a la implementación de estrategias donde miembros del Ejército participaron en instituciones de seguridad pública como los llamados “Modelo Coahuila” en el 2008, “Nuevo León Seguro” en el 2007 y “Operativo Conjunto Chihuahua” en el 2008.
Coahuila
En Coahuila se puede recordar un hecho de abuso por parte del Ejército en el 2006. En un bar de Castaños, Coahuila, 14 bailarinas sufrieron abuso sexual por varios militares; fue después de un tiempo en que finalmente la misma institución castrense los llevó a ser juzgados en lo civil.
Posteriormente la violencia aumentó en el estado y coincidió con la implementación de la estrategia llamada “Modelo Coahuila”, donde militares retirados estuvieron al frente de instituciones de seguridad pública. En ese entonces se crearon diversos grupos especiales que fueron entrenados por estos militares para combatir a los grupos delincuenciales. Pero parece que el gobierno no pensó en una estrategia a favor de la sociedad civil, pues se incrementaron graves violaciones a derechos humanos, especialmente desapariciones, extorsiones y homicidios. Es decir, el modelo fracasó y los militares al frente de dichas instituciones se retiraron del estado.
Hoy se vive otra situación gravísima: Las violaciones a derechos contras personas en movilidad. En el mes de julio de 2019 se realizó un operativo afuera de la Casa del Migrante Saltillo integrado por la Policía Militar, la Policía Municipal, la Guardia Nacional y elementos de la SEDENA, bajo el argumento de búsqueda de personas que se dedican al narcomenudeo. También en su trayecto hacia la frontera norte, las personas migrantes son interceptadas tanto por elementos de la policía estatal como de la Guardia Nacional, siendo despojados de sus pertenencias y de los documentos que en muchos casos les permite un libre tránsito por el país. En el informe Bajo la Bota realizado por varias organizaciones a nivel nacional describen: “La política migratoria militarizada ha profundizado los contextos de riesgos de las personas migrantes”.
Coahuila se ha convertido en uno de los principales estados donde hay presencia militar: ocupa el sexto lugar con 4,453 integrantes de las fuerzas armadas después de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Chihuahua.[i] Se tienen tres mega cuarteles, tres bases militares; tres bases aéreas, un cuartel Puerta Amarilla; seis centros de operación militar y hasta el pasado 22 de septiembre llegaron 300 militares a través del Mando Especial Laguna, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Finalmente, sólo en Coahuila se cuenta con un Bachillerato Tecnológico Militarizado desde el 2017.
Nuevo León
La presencia de miles de efectivos de las fuerzas armadas en Nuevo León comenzó a partir de la entrada en vigor del convenio “Nuevo León Seguro” en 2007. A partir de ese año, los gobernadores subsiguientes renovaron y ampliaron dicho acuerdo. Durante la administración actual, el operativo Monterrey Seguro ha promovido la participación de militares en labores de patrullaje e instalación de puestos de control. Desde febrero de 2022, varios centenares de elementos del Ejército han llegado a la capital para incorporarse paulatinamente a tareas de seguridad pública en la zona metropolitana. Esta tendencia representa un riesgo para los derechos civiles de los ciudadanos de la entidad, ya que anteriormente algunos miembros de las fuerzas armadas han participado en ejecuciones y desapariciones.
Entre los casos de ejecuciones extrajudiciales destacan los de Rocío Elías Garza y su esposo, Juan Carlos Chavarría, ejecutados por militares en marzo de 2010 en el municipio de Anáhuac cuando salían de su trabajo; Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo, estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, asesinados por elementos del ejército en marzo de 2010 dentro del campus de la institución educativa; Jorge Otilio Cantú, asesinado por militares en abril de 2011; y Gustavo Acosta, ejecutado en su domicilio por elementos de la Marina en septiembre de ese año. En cuanto a la desaparición forzada, un militar fue sentenciado en mayo de 2012; en marzo de 2016, cinco elementos de la Marina fueron vinculados a proceso judicial por la desaparición forzada de Humberto del Bosque registrada en agosto de 2013.
Chihuahua
En el caso concreto del estado de Chihuahua, sufrimos las consecuencias de la violencia y de la respuesta militarizada a la misma, esta se vio exacerbada desde la salida a las calles del ejército en el contexto del “Operativo Conjunto Chihuahua” en 2008, durante la fallida guerra contra el narcotráfico, estrategia implementada por el entonces presidente Felipe Calderón, y cuyo único logro fue colocar a Ciudad Juárez en el primer lugar del listado de ciudades más peligrosas del mundo, situación que hasta la actualidad tiene un impacto profundo en la ciudadanía en relación a la confianza hacía las autoridades, especialmente debido a las múltiples denuncias de desapariciones forzadas, allanamientos de vivienda, tortura, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias cometidas por militares.
Precisamente a razón de la estrategia de militarización fortalecida actualmente, nos permitimos recordar la desaparición de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera en diciembre de 2009, misma que se dio en el Ejido Benito Juárez del Municipio de Buenaventura, Chih. por parte de elementos del Ejército Mexicano, según lo reconoce la CoIDH en la sentencia emitida sobre el caso en 2018.
Seguiremos exigiendo que se cumpla con lo resuelto por la Corte en la sentencia antes mencionada:
- 182. […] como regla general, la Corte reafirma que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles […]. No obstante, cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, la participación de las fuerzas armadas debe ser:
- a) Extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso […];
- b) Subordinada y complementaria, a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial […]; c) Regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad […] y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia […], y
- d) Fiscalizada, por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces […].
(CoIDH. Caso Alvarado Espinoza y Otros Vs. México. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 370, párr. 182.)
La estrategia de militarización violenta lo establecido tanto por la Corte como por diversas instancias internacionales y el artículo 21 constitucional: “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”.
Por lo anterior, exigimos que:
- Se cumpla con lo establecido en el párrafo 182 anteriormente citado,
- Que se establezca una estrategia de seguridad pública desde una perspectiva ciudadana, que estos elementos de seguridad pública estén debidamente capacitados;
- Estrategias de seguridad que convengan con las necesidades de la población, así como de quienes ya han sufrido una violación a sus derechos humanos por parte de Ejército y continúan esperando reparación, así como medidas de no repetición.
Desde las organizaciones firmantes estaremos atentas a las decisiones de los Congresos y no repararemos en denunciar las arbitrariedades que desde la institución castrense se cometen, abonando a la corrupción e impunidad que hasta hoy prevalece.
¡Basta de impunidad!
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM)
Ciudadanos en Apoyo de los Derechos Humanos, A.C.
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A.C.
Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios
Frontera con Justicia, AC. (Casa del Migrante Saltillo)
Fundación para la Justicia
