(Nota aparecida el martes 19 de noviembre del 2013 en la portada del periódico Norte, de Ciudad Juárez, realizada por Luis Carlos Ortega)
El estado de Chihuahua representa todavía un “foco rojo” en el uso de la tortura como método de investigación policiaca, aseguró el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN).
Pese a los casos registrados no se refleja la magnitud del problema, debido a que las denuncias no rebasan el 10 por ciento del total de incidentes, indicó Óscar Enríquez, director del organismo.
Agregó que desde el año pasado la situación existente en Chihuahua se evidenció por organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, que documentaron cómo a raíz de la “guerra” contra el narcotráfico, el uso de la tortura como práctica recurrente de investigación y castigo se incrementó.
“Ya desde el año pasado el Comité Contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas emitió un documento en el que consta que en Chihuahua se ha incrementado la incidencia de los casos de tortura como una práctica constante y permanente. A la fecha tenemos documentados 26 casos de los más de 50 que llevamos registrados, ocho de los cuales los tenemos en proceso de defensa jurídica”, indicó.
Enríquez señaló que el problema es palpable en todo el territorio mexicano a pesar de ser uno de los países que han signado acuerdos internacionales para el respeto de los derechos humanos, por lo cual consideró necesario hacer conciencia de que mientras se siga haciendo uso de la tortura, no hay posibilidad de éxito en el combate a la delincuencia.
“Fíjate cómo viene ahora esto con el caso de Israel Arzate, que acaba de ser liberado por irregularidades en el proceso; no es que seamos defensores de la delincuencia, sino que tenemos que hacer ver a las autoridades, y éstas tienen que darse cuenta de que no hay posibilidad de llevar a buen término una investigación cuando hay tortura de por medio”, aseveró.
En junio del presente año la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), y la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT), mostraron su preocupación ante la falta de sanciones contra los responsables de violación a los derechos humanos en el país, entre los que se encuentra la práctica de la tortura.
Al referirse al estado de Chihuahua, ambas organizaciones enfatizaron la negación de las autoridades locales para aceptar la existencia de tortura en la entidad, sobre todo cuando organizaciones de la sociedad civil se han dedicado a documentar numerosos casos de violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura, como sucedió en el caso de Israel Arzate.
“Estamos alarmados por la situación en Chihuahua. Las organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y familias siguen documentando abusos, pero la tortura prácticamente no se investiga. Las víctimas de tortura no pueden tener expectativas realistas de acceder a la justicia”, fue el comentario que de acuerdo a reportes periodísticos emitió al respecto Anne Boucher, encargada de América Latina de ACAT.
Según dichos reportes, Boucher sostuvo que para las organizaciones defensoras de Derechos Humanos “el estado de Chihuahua representa un ‘foco rojo’ por los abusos que ahí se documentan”.
