El viernes 7 de marzo del 2014, Noé Fuentes Chavira, Rogelio Amaya Martínez, Víctor Manuel Martínez Rentería, Gustavo Martínez Rentería y Ricardo Fernández Lomelí recuperaron su libertad luego de tres años y medio de encarcelamiento injusto en diferentes penales de la república por un delito que no cometieron.
Para recordar, en agosto del 2010, en una emboscada contra agentes de la Policía Federal en Ciudad Juárez, se detonó un “coche bomba” donde murieron o fueron heridos varios agentes y civiles. A raíz de la repercusión del evento, las diferentes fuerzas policiacas y militares presentes en la ciudad se dieron a la tarea de encontrar a los responsables de este acto violento haciendo gala de levantones, abusos y torturasa un número indeterminado de personas para la fabricación de culpables, incluidos los ahora liberados.
Elproceso judicial estuvo plagado de inicio con muchas irregularidades y contradicciones a tal grado que las autoridades tuvieron que cambiar los cargos a nuestros defendidos al no poder sustentar su participación en el atentado. Durante ese tiempo a los jóvenes se les aplicó en diferentes momentos, tres protocolos de Estambul para demostrar que fueron torturados desde su aprehensión, siendo el último protocolo, aplicado por la Procuraduría General de la República (PGR)con el que consiguen su liberación al salir positivo, resultado también del compromiso de respetar dicho diagnóstico por parte del procurador de la república, Jesús Murillo Karam, en una reuniónde familiares y defensores en sus oficinas de la ciudad de México a finales de octubre del 2013.
Es a finales de enero del presente año cuando se da el resultado del último protocolo, esperándose sólo el trabajo burocrático de la PGRpara dar trámite a la libertad de los injustamente inculpados, quedando pendiente la reparación de los daños por el tiempo y maltratos recibidos. En cuanto a esto último, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte solicita puntualmente a la Procuraduría General de la República realizar las siguientes acciones para lograr la justicia total para los cinco:
Que la PGR continúe las indagatorias para que se sancione a los responsables del delito de tortura a los cinco jóvenes.
Que la PGR en conjunto con la Policía Federal continúe con la recomendación 75/2012 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para el caso.
Que el Estado favorezca para que se dé la reparación integral de las víctimas.
Tomando en cuenta las recomendaciones hechas a México el 23 de octubre del 2013 en Ginebra, Suiza, en base al Examen Periódico Universal, mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que:
Como medida de no repetición, el Estado instruya a sus fuerzas policiacas y de investigación a abstenerse de ejercer tortura y malos tratos a las y los detenidos, tal como lo establece la constitución y los tratados internacionales en la materia.
El Estado elimine la figura del arraigo.
El Estado a través del poder judicial, al momento que una persona alegue ser víctima de tortura, inmediatamente dé vista al ministerio público y declare nula cualquier declaración obtenida bajo tortura.
El Estado acepte y reconozca en todos los ámbitos los peritajes independientes del protocolo de Estambul.
