Durante el mes de junio los asesinatos alcanzan a 29 personas, de los cuales 19 ocurren en la vía pública y los otros 10 corresponden a violencia interfamiliar. Aunque hay una disminución de asesinatos con respecto al mes anterior, en otros rubros, el abuso policiaco y la tortura permanecen como prácticas toleradas y hasta alentadas por el Estado mexicano.
De los sesenta detenciones en eventos delictivos contabilizados en la prensa por el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPDN) sobresalen 19 por posesión de droga, 12 por asalto y robo, 9 por homicidio, 7 por posesión de armas. En cuanto a los asesinatos, sólo se consignaron a 11 personas. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal realiza más del sesenta por cierto de las detenciones, pero también es la que recibe más denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por tortura.
Junio es testigo de la exoneración de los hermanos Juan Antonio y Jesús Iván Figueroa Gómez y de Misael Sánchez Frausto, autoinculpados por el delito de extorsión en enero del 2012. En poco más de un mes de juicio, los jóvenes deciden denunciar durante el juicio la forma en que fueron tratados desde su aprehensión y encarcelamiento, confrontando las declaraciones de los agentes detentores con la suya, lo cual obliga a abrirse una carpeta de investigación hacia los agentes ministeriales involucrados. Para el CDHPDN es la primera vez que gana un juicio al desecharse las pruebas de la fiscalía en contra de los ahora exculpados por haber sido obtenidas bajo tortura.
En otros eventos, dos agentes de la policía municipal son acusados de abuso sexual por joven mujer de 18 años; en otro caso, otros dos agentes irán a juicio por torturar y violar sexualmente a un hombre. Sin consultar con nadie, el alcalde Enrique Serrano decide de manera unilateral donar el Parque Central Oriente a familias de policías, sin avisar a las personas y grupos que por años han usado las instalaciones cotidianamente. Este hecho se suma a otras acciones de Serrano, como permitir la construcción de fraccionamiento sin permiso en zonas riesgosas, así como el financiamiento a organizaciones civiles de dudosa procedencia.
La represión juvenil y su criminalización está presente en las acciones policiacas tendientes a reventar fiestas donde las y los asistentes son robados, insultados y golpeados por agentes de Seguridad Pública Municipal antes de llevarlos a la cárcel bajo cualquier cargo, o en su defecto extorsionarlos para no encarcelarlos. Estas acciones totalmente ilegales han aumentado las protestas de familiares y activistas ante la actitud prepotente de la policía y la aparente tolerancia o consigna del ayuntamiento de Juárez y del gobierno del estado.
El ex Secretario de Seguridad Pública Municipal acusado de torturador, Julián Leyzaola, y el no menos polémico ex alcalde Héctor “Teto” Murguía, en algún tiempo relacionado con el narcotráfico en esta frontera, se asocian para crear una empresa de seguridad privada junto con la ex directora de Tránsito Municipal Stella Maris Domínguez. La noticia causa revuelo por el historial negativo de estos personajes en el desempeño de su función pública precisamente en el ámbito de la seguridad de Ciudad Juárez en un periodo particularmente violento de la ciudad. Las acusaciones de violaciones a derechos humanos a Leyzaola durante su gestión, más la protección de Murguía y empresarios juarenses a esta persona, dejan un legado de miedo y desconfianza social hacia las autoridades todavía vigente y alimentado por el abuso policiaco y autoritarismo del alcalde Enrique Serrano y el gobernador César Duarte, más interesados en promocionar hacia el extranjero la disminución de la violencia en Juárez, que la depuración de los cuerpos policiacos o el castigo a las y los malos elementos.
El nepotismo y la protección a funcionarios acusados de complicidad en tortura se hace evidente en la persona de Ramón Gerardo Quintana Villasana, todavía coordinador de la Dirección de Análisis, Control y Evaluación de la Fiscalía General del Estado, zona norte, acusado de de excarcelar ilícitamente a Israel Arzate Meléndez para permitir que lo torturaran, quien hasta el momento no ha sido llevado a declarar sobre estas acusaciones. Peor aún, el fiscal de la zona norte, Enrique Villarreal Macías, pese a las evidencias de tortura por las cuales los hermanos Figueroa y Misael Sánchez fueron exonerados y por lo que se abrió una investigación al coordinador de la Unidad de Narcomenudeo de la fiscalía, niega que exista la tortura en esta institución y difama contra las organizaciones derecho humanistas independientes, cayendo burdamente en la mentira, cuando en realidad es cómplice de las acciones de sus subordinados a quienes protege ciegamente.
A pesar de las estadísticas alegres y maquilladas de la Fiscalía General del Estado que presumen la disminución de la inseguridad para el primer semestre del 2014 como el más bajo en los últimos siete años en Chihuahua (es decir, desde 2007) la otra realidad es que para llegar a esos números se sigue consignando a inocentes, utilizando la tortura para crear culpables en complicidad con jueces y magistrados tolerantes bajo la vigilancia del gobierno del estado con su discurso de que en Chihuahua ya no existe la tortura[1].
Esta situación de Estado policiaco permite el abuso de poder en contra de la sociedad más desprotegida, principalmente en los sectores pobres y en contra de la población joven, haciendo visible la diferenciación de clases: se protege a las clases medias y altas, utilizando la cantera de jóvenes pobres para encontrar culpables de los delitos de extorsión, secuestro, robo, carjacking, etcétera. Existe una desconfianza en las fuerzas del orden por el desprestigio bien ganado de policías y agentes ministeriales por la prepotencia con la que interactúan en la sociedad provocando accidentes viales, allanando hogares con lujo de violencia o también por proteger la identidad de choferes de transporte público que atropellan gente, mientras exhiben en los medios informativos a menudistas de droga como los peores delincuentes.
El CDHPDN condena la mala impartición de justicia que subyace debajo de las “buenas” estadísticas oficiales. Este sistema de demostrar con cifras el progreso de la justicia y seguridad pública es una pantalla que esconde la incapacidad del Estado por hacer investigación seria, justa y expedita, prefiriendo métodos arbitrarios en perjuicio de personas inocentes. La condición de los derechos humanos en Ciudad Juárez sigue siendo delicada y vulnerable en cualquier momento. Mientras el Estado siga negando que exista la tortura en Chihuahua solapándola al mismo tiempo, seguirá creciendo el malestar social y el debilitamiento de las instituciones procuradoras de justicia y seguridad pública.
[1] “Rechazamos, sin duda, que se hayan hecho prácticas como las que se hicieron y no se han comprobado, por esas razones la Suprema Corte determina esto (la liberación de Israel Arzate), son prácticas indebidas en las cuales mi gobierno está en contra”, declaró el gobernador del Estado, César Duarte en torno a la liberación de uno de los implicados en la masacre de Villas de Salvárcar. Mi gobierno rechaza prácticas de tortura para obtener confesiones: Duarte.http://laopcion.com.mx/noticia/14161
