Exigimos al Senado se abstenga de aprobar la Ley de Seguridad Interior e inicie un diálogo real con quienes hemos manifestado nuestras preocupaciones por el contenido de esta Ley.
· También le pedimos que aproveche la oportunidad de reconocer que la reforma propuesta por diputados al artículo 102 de la Constitución es insuficiente para garantizar una nueva Fiscalía General de la República autónoma e independiente e impulse una reforma integral.
En el marco del 69 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), desea expresar su preocupación por la falta de claridad desde distintas instancias del Estado mexicano para hacer valer el compromiso constitucional expresado en el artículo 1 de nuestra carta magna. En este momento histórico México se encuentra ante la disyuntiva de reformar en favor o en contra de los derechos humanos.
Ejemplo claro de ello es que en las últimas semanas, el Congreso de la Unión ha impulsado la aprobación de la Ley de Seguridad Interior (LSI) que supuestamente regularía la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, pero que en realidad les facultaría para labores en las cuales no están preparados. El pasado 30 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó fast track el dictamen que deberá ser discutido y analizado por el Senado. Cabe destacar que ambas Cámaras han manifestado su “urgencia” por aprobar la Ley pese a las preocupaciones que desde distintos espacios ha manifestado la sociedad civil ha manifestado.
Tampoco parecen haber sido tomadas en cuenta las preocupaciones ante la posible aprobación de esta Ley de instancias nacionales e internacionales con indudable legitimidad como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Amnistía Internacional, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Human Rights Watch, así como miembros del Parlamento Europeo, organizaciones de la sociedad civil y más de 200 mil personas (hasta ahora) que han firmado la petición en la plataforma Change expresando su rechazo a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.
Ante la inminente votación, es preocupante que los Senadores a favor del dictamen, lejos de buscar un diálogo con las instancias nacionales e internacionales que manifiestan sus preocupaciones y han ofrecido apoyo técnico que garantice una Ley respetuosa de los derechos humanos, se utilice la descalificación para contrarrestar sus opiniones.
Por ello hacemos una decidida exigencia al Senado para que se abstenga de aprobar la Ley de Seguridad Interior e inicie mesas de diálogo con las instancias que hemos manifestado nuestras preocupaciones por el contenido de esta Ley. Asimismo, rechazamos categóricamente las descalificaciones a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que en el marco estricto de su función ha expresado opiniones técnicas sobre esta Ley.
Por otra parte, el Senado tiene también la oportunidad de reconocer que la reforma propuesta por diputados al artículo 102 apartado A de la Constitución Federal es insuficiente para garantizar la autonomía e independencia de la nueva Fiscalía General de la República, e impulsar una verdadera reforma bajo el modelo de parlamento abierto. Cabe recordar que el Senado está próximo a dictaminar un artículo transitorio de la reforma en 2014, que únicamente eliminaría el pase automático del actual Procurador a Fiscal General. El avance que ello implica sería insignificante ante la inmensa necesidad de justicia que tiene un país como el nuestro y ante la deuda que el Estado tiene con las víctimas de la violencia.
En ese contexto, el Senado de la República tiene ante sí la disyuntiva de que con sus acciones nos haga ver que el Estado mexicano es fiel a su compromiso constitucional, o está dispuesto a abdicar a él en pos de intereses particulares y poco capaces de expresarse en un diálogo público, respetuoso y con base en argumentos técnicos.
Nuestro llamado al Senado, como parte del Estado mexicano es a honrar nuestra carta magna y a evitar la ruptura del pacto social basado en los derechos.
Atentamente
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):
