El 30 de agosto se conmemora el “Día Internacional del Detenido Desaparecido”. La desaparición forzada es una práctica violatoria de los derechos humanos utilizada por los Estados a través de sus fuerzas de seguridad. Por la naturaleza de esta oscura actividad alentada por gobiernos de distintas ideologías, no sólo perjudica directamente a la víctima, sino también alcanza a sus familiares y amistades, además de servir como advertencia a la sociedad percibida como forma de terrorismo de Estado.
La desaparición forzada es más frecuente de lo que comúnmente se cree y está fuertemente ligada con la baja calidad de la libertad y la democracia, cuando la procuración de justicia no prospera a causa del autoritarismo político y la falta de transparencia gubernamental. En estas condiciones una persona puede ser potencial víctima de detención y desaparición bajo cualquier circunstancia o pretexto sin orden judicial. Por este motivo las organizaciones derecho humanistas surgen como contrapeso ante las situaciones de abuso de poder al que incurren actores e instituciones estatales. Cuando el Estado no cumple con su papel de brindar orden, paz y justicia, y por el contrario, se esmera en violar o estar por encima de las leyes a costa del sufrimiento de sus ciudadanos(as), es tiempo no sólo de pronunciarse en contra de esa situación de anomia estatal, sino también de accionar y tomar postura a favor de la vida y la justicia.
Con el inicio del siglo XXI una nueva ola de violaciones relacionadas con las desapariciones forzadas reaparecen junto con las cárceles secretas, las torturas y las detenciones sin derecho a juicio. La tendencia es mundial y lo mismo ocurre en países democráticos como en naciones con regímenes militares o monárquicos. En la medida que el autoritarismo y las crisis socioeconómicas aparecen y chocan, la desconfianza entre Estado y sociedad se incrementa, la seguridad se prioriza y las personas se vuelven sospechosas; la convivencia, si no se vuelve tirante, se transforma en miedo y egoísmo y por ese camino se observa el incremento de la desaparición forzada. No es solamente el exceso violatorio estatal y el desamparo social; el sistema de justicia adolece de credibilidad y actúa de manera indolente a costa de la seguridad física y psicológica de la población.
En México sabemos por experiencia la magnitud de las deficiencias en la procuración de justicia: generaciones de mexicanos y mexicanas desconocen qué es y cómo funciona la justicia. El impacto de la desaparición forzada es un flagelo que viola innumerables derechos, así ocurran en estados de excepción o de emergencia. El desarrollo desde el sexenio pasado de la “guerra contra el narco” es un brutal ejemplo de la prolongación, aumento y excesos de las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, más las lagunas jurídicas y el cohecho policial-ministerial, con miles de desaparecidos y desaparecidas en todo el país.
Chihuahua es uno de los estados más violentados en los últimos años, con índices muy altos de violaciones a los derechos humanos y las garantías individuales, mientras Ciudad Juárez se convierte en referente ejemplar mundial de ciudad violenta. Esta cadena intolerable de abusos policiacos y castrenses con la complicidad del sistema judicial, es totalmente perjudicial para el/la ciudadano común y peligroso incluso para la estabilidad social. A pesar de contar con legislación estatal que tipifica la desaparición forzada, sin un cambio de actitud de las y los encargados de procurar justicia, la ley es letra muerta y de continuar así, este tipo de delitos seguirán existiendo sin castigo y sin visos de desaparecer.
El Centro de Derechos Humanos urge a tomar conciencia de la gravedad de este delito y se pronuncia a favor de erradicarlo de las prácticas policiaco-militares. La desaparición forzada supera en crueldad a las víctimas directas y se coloca simbólicamente como secuestro de las libertades de todos y todas, como ausencia de justicia y sinónimo de terror. Invitamos a quienes han sido perjudicados por los excesos del Estado a no callar y apoyarse en las y los defensores derecho humanistas para exigir respeto a sus derechos. A las instancias encargadas de procurar justicia, nuestra exigencia es simple: obedecer las leyes y apegarse a derecho.
