Desde la entrada del ayuntamiento actual ayuntamiento que encabeza Enrique Serrano a finales del 2013, las expectativas de mejoras de cambio en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez (SSPM) se convirtieron rápidamente en anomalías, comenzando con la forma de elección del actual jefe de la SSPM, César Omar Muñoz, militar elegido entre otros dos militares para el puesto por no tener, en comparación con los otros dos, antecedentes de abuso del poder. De inicio, se entiende la continuación de la militarización del cuerpo policiaco.
Al igual que su antecesor en el puesto, otro ex militar, Julián Leyzaola, Muñoz se ha encargado de mantener una política hacia la sociedad juarense de acoso, abuso y violación a sus derechos humanos y sus garantías individuales plasmadas en la constitución, pero a diferencia del primero, procurando un bajo perfil; es decir, sin tanta publicidad o difusión de sus actos. Los encarcelamientos injustificados, los allanamientos de morada, la tortura, las agresiones sexuales y la prepotencia sumada al comportamiento despótico, es la cara cotidiana de las y los agentes de la SSPM que gozan de la protección de sus jefes bajo la responsabilidad del alcalde Serrano como máxima autoridad municipal.
No es necesario ser especialista en delitos policiacos para darse cuenta, cualquier día de la semana en cualquier medio informativo serio, de la actuación de dichos agentes en el desarrollo diario de las actividades juarenses: desde accidentes viales provocados por patrullas, hasta abusos sexuales, extorsión, privación ilegal de la libertad y otras más. Esta bochornosa conducta ha llevado a pocos agentes ante los jueces y aun cuando es así, también son pocos quienes son hallados culpables y reciben condenas mínimas o absolutorias. La única anomalía que ha disminuido a partir de este año, son los ajusticiamientos extrajudiciales en tiendas de conveniencia por policías encubiertos.
La SSPM sigue siendo una entidad oscura, protegida y alentada a garantizar un “orden” de escaparate con recursos mal o subempleados, para dar una imagen falsa de profesionalismo en el discurso oficial de “disminución de la inseguridad” en la ciudad. Testimonios de numerosas personas comprueban que en la práctica, el Estado policiaco es una realidad y cuenta con la complicidad de jueces y el aval de gobernantes. Los sectores pobres y la población joven son los blancos predilectos de la SSPM para cubrir sus cuotas de producción, hinchar las arcas de la tesorería y manipular a favor las estadísticas oficiales o de organizaciones afines como la Mesa de Seguridad.
En seguridad se ha presupuestado mucho y se ha invertido poco. Los recursos del famoso Subsidio para la Seguridad de Municipios (Subsemun) se han aplicado sobre todo para militarizar y blindar al policía y poco o nada para fortalecer a la sociedad civil. Millones de pesos se invierten en uniformes y armamento militar, chalecos antibalas, vehículos inapropiados o peligrosos para la detención y traslado de individuos, carísimos cursos de “profesionalización” y promocionales en medios de comunicación de manera tan discrecional que constantemente aparecen cuestionados públicamente sobre el destino de ese dinero, las formas de adquisición o los beneficiarios proveedores de esas decisiones poco o nada democráticas. A final de cuentas, dicha inversión proveniente de las y los contribuyentes no se ha convertido en mejoras de la calidad del servicio policiaco y sí en cambio, se despilfarra esa inversión en la mala selección y/o preparación de agentes; el mal uso de las patrullas y otros medios de transporte y lo peor de todo, sin cambios en el acoso constante a población vulnerable, ignorante de sus derechos o temerosa de una agresión policiaca injustificada.
La educación cívica es la gran ausente de las políticas policiacas actuales. No existe presupuesto para el fortalecimiento de una sociedad conocedora de sus derechos y por eso bajo cualquier escusa y escudado en sus armas largas, el o la agente policiaco engaña y somete a la ciudadanía con falsas acusaciones, delitos inexistentes o extorsionándoles para no llevarles a la cárcel, donde las y los deshonestos(as) jueces de barandillas juegan el papel de cómplices al solapar la acción policiaca. El ciudadano(a) juarense está a expuesto al abuso policiaco y no cuenta con la ley de su lado, pues el Estado es el primero en violar sus propias reglas en perjuicio de la ciudadanía.
El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte hace un enérgico llamado al actual ayuntamiento municipal de Ciudad Juárez encabezado por Enrique Serrano, al Secretario de Seguridad Pública Municipal, Omar Muñoz, así como también a la Dirección de Oficialía Jurídica y Barandilla del municipio y a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, a apegarse a derecho rectificando el actuar policiaco y con transparencia en cuanto al uso de los recursos presupuestales, a detener el abuso de autoridad evitando la impunidad consignando a sus agentes delincuentes con excepcional castigo a quien traicione su actuar como servidor público. La policía fue creada para proteger a la sociedad, no para abusar de ella; en sus manos está la responsabilidad de brindar una policía responsable, educada y servicial para Ciudad Juárez, es lo menos que nuestra ciudad merece.
De la justicia de cada uno(a)
Nace la paz para todos y todas
