Por Héctor Padilla
El proceso de militarización impulsado por el gobierno de Felipe Calderón para enfrentar al narcotráfico y crimen organizado en Ciudad Juárez, obligó a la sociedad local a modificar su vida cotidiana y con ello re significar la vida social en la ciudad, debido al sentimiento de inseguridad provocado por el efecto combinado de la violencia y las fuerzas armadas del Estado. El miedo, si no es que el terror, implicaron el rompimiento de los lazos de confianza de la población, que se obligó a auto recluirse construyendo muros y barreras en fraccionamientos y vecindarios, que decidió encerrarse en casa y restringir su vida social. El miedo, también fue el factor que llevó a sectores sociales específicos, como los activistas sociales y académicos, a debatirse entre defender los espacios públicos, replegarse al espacio privado u optar por alguna estrategia intermedia para cuestionar, impugnar u oponerse al Estado de excepción factico que se impuso, sin colocarse en situación de riesgo.
Y lo paradójico, es que el miedo creció a medida que aumentó la presencia de las fuerzas armadas en Ciudad Juárez, a la vez que a pesar de ello o quizás por ello se dispararon los homicidios luego del establecimiento del Programa Operativo Conjunto Chihuahua en marzo de 2008. A partir de entonces, la experiencia del caso Ciudad Juárez, enseña que la violencia y la militarización impactaron a la sociedad local por medio de eventos y mecanismos de control del espacio público que supusieron, en la práctica, la redefinición de la frontera entre lo público y lo privado, por efecto de la cancelación de derechos y el establecimiento de relaciones Estado-sociedad en un sentido autoritario.
Pasados los años, cabe preguntarse ¿Cuál fue el verdadero papel que desempeñaron las fuerzas armadas en ese contexto local? ¿Qué persigue el Estado mexicano con la presencia masiva de militares en la vida pública nacional, en tareas de supuesto apoyo a la seguridad pública? ¿Cuáles han sido los impactos de la militarización en la cohesión social, convivencia ciudadana y vida comunitaria? Estas son algunas de las preguntas que cobran doblemente importancia entre activistas de la sociedad civil y de derechos humanos de esta ciudad y del país, en torno a la discusión actual que se desarrolla en el Congreso de la Unión de tres iniciativas de “Ley de Seguridad Interior”, con la que se pretende normar y sancionar (legitimar) la presencia del Ejército y Marina en la vida pública nacional, más allá de las atribuciones que les confiere actualmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tales son las cuestiones que preocupan y motivaron a varias organizaciones de derechos humanos e instituciones de educación superior (Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prodh, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, la Red de todos los Derechos para todas y todos, Universidad Pedagógica Nacional y Departamento de Ciencias Sociales de la UACJ) a realizar el “Foro Informativo sobre la Ley de Seguridad Interior. Riesgos para la población civil ante la seguridad pública militarizada”, que se llevó a cabo el 4 de octubre de 2017 en las instalaciones del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ. Su objetivo fue analizar el contenido de esa ley y sus posibles consecuencias. Para ello, en el foro se organizó la discusión en torno a una conferencia central y tres paneles dedicados a: 1) señalar los impactos de la participación de las fuerzas armadas en actividades de seguridad pública durante la última década; 2) puntualizar los retos y desafíos que implica la militarización para el trabajo que desarrollan las organizaciones de derechos humanos en el país, 3) y esbozar algunas alternativas y propuestas de la sociedad civil ante la “Ley de Seguridad Interior”.
Del conjunto de intervenciones por los ponentes y de las intervenciones con preguntas y comentarios del público asistente, se pudo arribar a un consenso claramente opuesto a la intervención de las fuerzas armadas en la vida pública nacional y consecuentemente contraria al contenido y propósitos de la ley de seguridad interior que se pretende aprobar. Como argumentos reiterados en contra de esa ley, se mencionó que: 1) las políticas de seguridad impulsadas en el país ni la presencia militar en las calles y en tareas de seguridad pública han sido efectivas para disminuir la violencia ni la actividad de los delitos que pretenden combatir; 2) que por el contrario, el aumento de la presencia de las fuerzas armadas en la vida pública tiene una relación directa con el incremento de la violencia e inseguridad, añadiendo efectos perniciosos en cuanto a la violación de derechos humanos y el involucramiento de efectivos militares en casos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales; 3) por lo anterior, la aprobación de la “Ley de seguridad interior” no puede sino suponer que la violencia no se termine, sino que se incrementen las violaciones a los derechos humanos y consolide un régimen autoritario que limita las libertades y derechos democráticos en el país.
Además de reconocer que la militarización es un proceso social y político asociado a diversos factores estructurales de escala nacional e internacional (modelo económico sustentado en políticas neoliberales y el debilitamiento de la sociedad), se sostuvo que la militarización de la seguridad pública en el país evidencia una capitulación de los poderes civiles (actores políticos, gobernantes, partidos) ante el problema de la seguridad pública en el país. Por consecuencia, como alternativas a la militarización de la seguridad pública y a la ley que pretende legalizarla, proponen impulsar la acción política a varios niveles, que van desde la construcción de un frente amplio contra la militarización, hasta iniciativas para monitorear y presionar a los legisladores que apoyen la iniciativa de ley en cuestión.
En el primer panel dedicado a analizar los impactos de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública participaron tres ponentes. El primero, Víctor Carlos, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, inició planteando que la presencia de las fuerzas armadas en las calles no aumentó la seguridad pública, pero si la violación a los derechos humanos como son los retenes, detenciones y casos de desaparición forzada. Rechazó que la acción de las fuerzas armadas haya sido dentro del orden constitucional, ya que si bien un fallo de la Suprema Corte de Justicia avala su participación en el Consejo Nacional de Seguridad, esto no implica validar la presencia del Ejército y Marina en las calles, pues en tiempos de paz el ejército debe estar en los cuarteles. La presencia militar ha sido permanente en lugares considerados los más violentos del país, como Guerrero. Allí los militares son vistos con terror, como si fueran una fuerza de ocupación. En los últimos diez años hay cerca de 10,751 quejas contra las fuerzas armadas por violaciones graves (tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales) y la guerra contra el narcotráfico arroja una estadística de alta letalidad, con 19 civiles muertos por cada militar muerto. La palabra abatir es una instrucción de uso común entre las fuerzas armadas, tal como lo demostró un comunicado militar en relación al caso Tlataya. Por lo tanto, concluye su presentación, proponiendo vigilar a los diputados preguntándoles ¿en qué sentido será su voto?
El segundo ponente, Gabino Gómez del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, retoma el tema de la presencia militar de larga duración. En este caso en la región ubicada entre los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa denominada el “triángulo dorado de la droga”, un espacio militarizado desde 1977 con la operación Cóndor, donde se han asentado hasta 20 mil militares. Es en torno a su presencia y casos de desaparición forzada, que han surgido organizaciones de derechos humanos que denuncian y documentan como es que la militarización desde los años setenta no resuelve la delincuencia. Para apoyar sus planteamientos, exhibe una gráfica de la revista Nexos publicada en 2011, donde se muestra el incremento de la violencia en los lugares en que se han establecido “operativos conjuntos”. La grafica deja ver que los homicidios tendían a disminuir entre 1990 y 2005, pero la tendencia se invierte a partir de ese año en que se inician dichos operativos. Asimismo, sostiene que las mujeres son el sector más vulnerable ante la ocupación militar y policiaca, como se pudo ver con el caso de la desaparición de tres miembros de la familia Alvarado, en diciembre de 2009. Por lo anterior, propone oponer a la “Ley de Seguridad Interior” una “ley de Seguridad Humana” e impedir que se legalice lo ilegal.
Y el tercer ponente de este primer panel, Alejandro Vázquez, profesor del Departamento de Ciencias Jurídicas de la UACJ y de la licenciatura en seguridad y políticas públicas, apoya los planteamientos de quienes le precedieron y desde una perspectiva conceptual plantea que en el país se vive un Estado de excepción que es reflejo de una racionalidad bélica y una desviación de la violencia legítima del estado (en palabras de Max Weber) por una violencia estructural.
Luego del primer panel, se efectuó la conferencia de Ernesto López Portillo de la organización Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), en la que inició enfatizando temas sobre los que giró su exposición. El primero, que en México estamos ante un tema de enorme complejidad que exige tener más conocimiento y evidencia, y menos intuición e ideología. Y el segundo, que México también está ante el dilema de construir o no un paradigma democrático de seguridad. Para abundar sobre ambos temas, asimismo, señalo que se deben considerar tres dimensiones: la ideología del poder, las políticas de seguridad civil y militar, y la evidencia empírica.
Sobre la construcción de un paradigma democrático de seguridad, aclaro que hay muy pocas políticas de seguridad democrática en el mundo, ya que mientras este paradigma ve a la seguridad como un derecho y requiere de la transparencia y control ciudadano, a este se le opone un paradigma dominante que ve a la seguridad desde la lógica del poder del Estado, que requiere de la opacidad y secrecía para operar incluso en contra de los ciudadanos. Como ejemplo de políticas de seguridad en el mundo, refiere el caso de Estados Unidos, donde existen auditores externos a la policía en más de 300 ciudades. Por contraste, la figura del auditor es prácticamente inexistente e impensable en muchos países como el nuestro. En esos casos, no se sabe lo que hace el Estado en materia de seguridad ni sus consecuencias.
Acerca del conocimiento y evidencias, sostuvo que no hay evidencia alguna de una relación directa entre la acción estatal en seguridad y el comportamiento de la inseguridad, ya que esta es una variable subjetiva en la que percepción y confianza son centrales. Cita un estudio sobre la ciudad de Kansas donde se llevaron a cabo algunos experimentos con mayor o menor presencia policiaca por zonas, que al final no revelan cambios en el comportamiento de inseguridad, percepción y falta de confianza. De ello se deduce que no hay una relación causa-efecto entre la seguridad objetiva y la seguridad subjetiva (percepción de amenazas y riesgos). En el caso mexicano, el estudio del INEGI de 2007 sobre victimización revela que a pesar del incremento de los recursos al rubro de seguridad, aumenta el número de víctimas; que la gran mayoría de ellas no denuncia y que solo una mínima parte de las denuncias terminan en sentencia, ya que al final son procesadas por un aparato de justicia en México saturado e ineficiente, que solo cumple un rol simbólico. Asimismo, afirma que los estudios y la información no son utilizados en la toma decisiones, ya que por lo general en México las políticas públicas no se evalúan. Y en el caso de la seguridad no hay evaluaciones o son escasas e irrelevantes, de manera que el país está extraviado en materia de política de seguridad.
En ese contexto, concluye que la aprobación de la “Ley de Seguridad Interior” es la última fase superior de la capitulación del poder de los civiles en el tema de seguridad. A los gobernantes les ha sido más cómodo trasladar la seguridad de la autoridad civil y a la autoridad militar. Y lo peor, asegura, es que no hay evidencias de que una mejora en las condiciones económicas del país pueda ayudar a disminuir la violencia. De manera que avanzar en la “Ley de Seguridad Interior” es atravesar por la puerta falsa, dar un salto al vacío porque el problema no está en los militares, sino en los civiles que han renunciado a tener en sus manos la seguridad.
En el segundo panel se exploraron los retos y desafíos que implica la militarización para el trabajo que desarrollan las organizaciones de derechos humanos, con la participación de otros tres ponentes. A este respecto, el presbítero Óscar Enríquez, del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, inició citando al Papa Francisco para afirmar que la “corrupción y violencia no son causas, sino síntomas de un sistema social injusto”, por lo que en México la situación que vive de violencia, inseguridad y violaciones a los derechos humanos no se resolverá con la “Ley de Seguridad Interior”. Esa ley solo traerá más violencia porque contribuye a la militarización del país. Por esa razón, sostuvo que ante la militarización se deben fortalecer los mandos civiles y la responsabilidad civil en las políticas de seguridad; fortalecer el sistema de justicia penal con instituciones más transparentes, fiscalías independientes del poder público, sanciones mayores a los mandos civiles y militares que se involucren en delitos y garantizar el derecho a la protesta Social.
Por su parte, Fernando Ríos, de la Red todos los derechos para todos y todas, apoyó las propuestas anteriores y añadió que en materia de seguridad y justicia debe darse “centralidad a las víctimas”, lo que implica garantizar la reparación de daños y el establecimiento de mecanismos para evitar la repetición de los delitos. Pero para lograrlo, dijo que se requiere crear nuevas instituciones que contribuyan a fortalecer el capital social y frenen la represión, por ejemplo oponiéndose a la citada ley que pretende facultas a las fuerzas armadas para realizar tareas como el espionaje; lo que podría implicar represión hacia los organismos de derechos humanos. En tanto que Ernesto López Portillo, el tercero de los ponentes de esta mesa, dijo que es necesario revertir la fragmentación de la sociedad civil, lo que en la actualidad impide que haya contrapesos sociales al paradigma dominante de seguridad a favor de la militarización. Si no se construyen estos contrapesos, no habrá forma de poner control a los militares y lo lamentaremos.
En el último panel dedicado a puntualizar alternativas a la “Ley de Seguridad Interior” participaron Leobardo Alvarado, activista cultural y político, responsable del sitio en la red JuárezDialoga.Org, quien hizo referencia a que es evidente hay en el foro un consenso en contra de la Ley de seguridad interior que se propone y por tanto hay que oponerse a que suceda y debe hacerse de manera organizada. Sin embargo, se pregunta de qué sirve hablar sobre la seguridad desde esa perspectiva si no se piensa en aquello que hace que la gente se sienta segura en los espacios en los que convive. En ese sentido recuerda que hay una larga historia en la ciudad de iniciativas y organizaciones que se han propuesto para la ciudad y quienes la habitamos. Pero también señala que al mencionarse el concepto “reconocimiento” en el foro implica hablar de una autocrítica a lo que ha sucedido en Ciudad Juárez. Porque reconocer significa “volver a conocer” y al respecto, la Militarización/Securitización y el modelo económico fundamentado principalmente en la industria maquiladora es algo que golpea a la gente, que nos afecta a todos. Recordó que en el foro se mencionó que la estrategia para Juárez, tanto en el centro y sur del país se ve como algo positivo, que funcionó. Pero que eso se debe a que hubo una promoción de una política que terminó en el llamado “modelo Juárez” y eso se piensa fue exitoso pero es algo cuestionable. Dentro de todas las iniciativas que se conocen y que la mayoría son muy valiosas, también hay que descartar aquellas que tornan en lo que llamó primero “talleritis” y que luego se convirtió en un “voluntarismo pernicioso” a raíz del Programa Todos Somos Juárez. Como propuesta, dijo que la economía social y solidaria es una alternativa. Que la pregunta es ¿Desde dónde hacerlo? ¿Con quién? si no se es crítico y autocrítico.
También participó Gero Fong del Asamblea Popular Regional Paso del Norte y la Liga Socialista Revolucionaria. Explicó que la militarización depende de un giro necro-político del Estado Mexicano que tiene como causa una respuesta a la crisis estructural y global del capitalismo que se presenta de manera violenta/militar en México y en otras regiones del mundo. Por lo tanto la responsabilidad de los efectos violentos de la militarización no son sólo de los militares sino que se trata de una política de Estado, esta es la razón que explica porque la estrategia de militarización es aplicada por personal de todos los partidos burgueses, principalmente priistas y panistas y por todos los niveles de gobierno. Por eso hay que estar en contra de toda la política militarista del Estado. Agrega que Ciudad Juárez ha sido tomada como un laboratorio, un campo de experimentación social a lo largo de la historia y por eso aquí se ensayó la militarización entre otros proyectos como lo fue el mismo PRIAN. Sin embargo sostiene que es posible enfrentarse a esto y propone formar un frente contra la militarización a nivel nacional siguiendo el ejemplo del movimiento en Ciudad Juárez, una experiencia que aún no se reconoce del todo en el resto del país. Explica que la militarización siempre genera abusos y violaciones a los Derechos Humanos por lo que se puede esperar finalmente el descontento de la población, pero paradójicamente la militarización también es una estrategia de shock que genera violencia y miedo y paraliza la acción política, por lo que es necesario primero una alianza con aquellos que ya están de acuerdo en luchar en contra de la militarización y mantener esta demanda sin una preocupación por aquellos que no están en favor de adherirse en un principio. Puntualiza, con el ejemplo de un posible desplegado para oponerse a la militarización y a la Ley de seguridad interior que se propone, explicando que resulta claro que no lo firmarían aquellos que están en partidos como Acción Nacional y gente afín a esos ideales. Por lo que si se mantiene la demanda de la desmilitarización tampoco debe ser una preocupación que el movimiento sea tomado por la burguesía afín a la militarización y pervertirlo desde adentro. En concreto, lo que propone es la construcción de un frente nacional contra la militarización y como primer paso redactar y adherirse a un desplegado en el que se manifieste la oposición a la Ley de Seguridad Interior.
