En este día 26 de junio, que se conmemora el Día Internacional de Apoyo a Sobrevivientes de Tortura, nos pronunciamos por los principales retos a los que nos enfrentamos como sociedad para prevenir, investigar y sancionar la tortura que se comete de manera generalizada en nuestro estado.
Según cifras oficiales, desde el 2016 hasta mayo del año 2022 el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua realizó 197 dictámenes médicos-psicológicos basados en el Protocolo de Estambul, de los cuales 165, es decir el 83%, salieron en sentido positivo. Además, la Fiscalía General del Estado informó que, desde 2010 hasta marzo de 2023, 2 mil 559 personas han denunciado tortura y que el 91% de los denunciantes son hombres, cuyas principales edad oscilan entre los 18 hasta los 29 años de edad. Asimismo informa que el Municipio de Juárez tiene mayor cantidad de denuncias por tortura a nivel estatal. Por otro lado, el Registro Nacional de Tortura determinó que de las carpetas de tortura abiertas a nivel nacional desde el primero de enero de 2018 hasta el 31 de marzo de 2023, los estados que concentraban la mayor cantidad de denuncias son la Ciudad de México con 20.4%, Chihuahua con 13.5% (mil 341) y México 7.9%
Uno de los principales retos que se presentan para prevenir la tortura son los discursos de desconocimiento de las autoridades de los tres niveles de gobierno, lo cual ha ocasionado que las entidades carezcan de políticas públicas encaminadas a atender los cientos de denuncias por tortura en el estado. Si bien, el CDHPN ha planteado la necesidad de implementar cursos de capacitación y discursos de cero tolerancia para el uso de la tortura, hasta la actualidad no hay esfuerzos gubernamentales para prevenirla.
Lo anterior, aunado a la carencia de una fiscalía especializada en la materia, tal como lo mandata la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, ha provocado altos niveles de impunidad ya que no existen las condiciones mínimas para la adecuada investigación de casos de tortura. Aunque existe la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos, la cual cuenta con una unidad encargada en investigación de tortura, la realidad es que dicha institución opera bajo criterios de priorización, es decir, limita la atención de los casos. Ante ello, en marzo del presente año el CDHPN impulsó una reforma legislativa en la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado para la eliminación de dichos criterios, misma que se encuentra en proceso de revisión en la Comisión de Justicia del Congreso.
Las víctimas de tortura enfrentan una serie de situaciones a nivel emocional, físico y social, es constante que presenten enfermedades crónico degenerativas, trastorno de estrés postraumático, depresión y un quiebre en las relaciones interpersonales, por ello, tienen derecho a obtener una reparación del daño. A pesar de que todas las víctimas acompañadas por el CDHPN han recibido recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos desde los años 2015, 2016, 2017 y 2018, que hacen mención a la reparación del daño y ya fueron aceptadas en su totalidad por la Fiscalía General del Estado, hasta la actualidad no se ha obtenido ninguna de las medidas solicitadas, tales como: atención médica, indemnizaciones, disculpas públicas y medidas de rehabilitación. Esto, sin que las autoridades hayan dado explicación del retardo para proporcionar la reparación del daño a las víctimas.
Por lo anterior, hoy nos pronunciamos para recordar al estado mexicano, especialmente al estado de Chihuahua, su deber de atender la grave crisis en materia de derechos humanos a la que se enfrenta. Recordando que la permisión y normalización de la tortura impacta al estado de derecho, disminuye la confianza de la población en las instituciones públicas y pervierte el sistema de justicia penal. Desde el CDHPN continuaremos trabajando con las víctimas y las familias, exgiendo a las autoridades que prevenga, investigue y sancione este delito de lesa humanidad. ¡Todas y todos, nos pronunciamos contra toda tortura!
