Comunicado | Colectivos y Organizaciones de la Sociedad Civil en la búsqueda de justicia para los casos de desaparición y tortura, respaldan la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para la eliminación de los criterios de priorización que operan en la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos.

Desde enero del 2010 hasta noviembre del 2022 se encuentran abiertas 1,745 carpetas de investigación por el delito de tortura en el Estado y en números del Registro Nacional de Datos de Personas extraviadas o Desaparecidas hay 3,511 personas desaparecidas en Chihuahua y 111,968 a nivel nacional.

Ante este grave problema y dolor para miles de familias, en Chihuahua se creó en 2017 la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos (en adelante Fiscalía Especializada) a través de la Ley Orgánica de la Fiscalía General. Esta empezó a funcionar en el 2019 y se estableció que actuaría bajo un enfoque de priorización de casos, es decir, a petición de las víctimas la Fiscalía Especializada recibiría carpetas de investigación de tortura y desaparición y las sometería a un test de priorización a partir del cual se determinaría el ejercicio o no de la atracción de la carpeta.

Los elementos que son tomados a consideración por la Fiscalía Especializada para la atracción de casos son contrarios a las Leyes Generales en materia de tortura y desaparición forzada y por particulares. Sus indicadores son subjetivos y discrecionales por lo que su actuación va contra el enfoque diferencial y de derechos humanos.

Como Organizaciones de la Sociedad Civil trabajando en pro de la defensa de los derechos humanos, nos ha tocado vivir de cerca como las familias, sus representantes, las víctimas y sobrevivientes de tortura, en busca de justicia solicitan de manera reiterada a la Fiscalía Especializada la atracción de sus casos. Hasta el día de hoy siguen recibiendo un acuerdo en sentido negativo por tener un bajo puntaje en los test de priorización.

Para las organizaciones y colectivos firmantes, nos resulta incomprensible la razón de establecer criterios para seleccionar los asuntos que van a ser investigados por una Fiscalía Especializada, ya que todos los casos deben ser investigados con exhaustividad y debida diligencia. Con esas acciones el Estado promueve que estos crímenes de lesa humanidad se sigan repitiendo y borra de nuevo una posible construcción de la memoria.

Por estos motivos estamos ante el Congreso del Estado de Chihuahua a fin de verificar que la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua sea presentada el día de hoy ante el pleno. Exigimos sea atendida de manera prioritaria por las y los diputados que integran el poder legislativo debido a que dichos criterios de priorización se vulnera el derecho a la verdad, se impide el acceso a la justicia y a la reparación del daño a las víctimas de tortura y desaparición en la entidad.

La eliminación de estos criterios de priorización es una deuda que el estado de Chihuahua tiene con los cientos de personas desaparecidas y víctimas de tortura.