Ciudad Juárez, Chihuahua, miércoles 12 de marzo, 2014. El 7 de marzo recuperaron su libertad Noé Fuentes Chavira, Víctor Manuel y Gustavo Martínez Rentería, Rogelio Anaya Martínez y Ricardo Fernández Lomelí, cinco de los implicados en el atentado del “coche bomba” ocurrido en Ciudad Juárez el 15 de julio del 2010, luego de más de tres años de prisión.
La Procuraduría General de la República, ante conclusiones no acusatorias se desistió de los cargos al no haber pruebas suficientes que vincularan a los jóvenes con el hecho terrorista, además de demostrarse vía el Protocolo de Estambul, la existencia de tortura, prueba irrefutable de que en el sistema de justicia mexicano se siguen aceptando las confesiones inculpatorias bajo esta práctica.
El caso es un ejemplo paradigmático de un proceso judicial plagado de irregularidades y de acciones violatorias, muchas de las cuales son señaladas en las 180 recomendaciones del Examen Periódico Universal de la ONU en octubre del 2013, realizado en Ginebra, Suiza, que se le hicieron a México por violaciones a los derechos humanos.
El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte lleva documentando en Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua un aumento de los casos de tortura y desaparición forzada en el último lustro y ha señalado la forma de actuar tanto de las diferentes policías, como de las y los agentes ministeriales y jueces. En el caso que hoy nos ocupa, es evidente e innegable las violaciones a derechos humanos cometidas en perjuicio de los cinco liberados, mientras el Estado le sigue negando la justicia a las víctimas fatales y heridas de ese día.
Los cinco jóvenes no sólo salieron por haber sido torturados, sino por ser inocentes de los cargos que se les imputaban.
La recuperación de Noé, Víctor Manuel, Gustavo, Rogelio y Ricardo, apenas comienza. La reposición del daño y el castigo a sus torturadores, son algunos de los pendientes para que puedan empezar a recibir justicia. El Estado mexicano por su parte, debe apegarse a derecho y cumplir con los compromisos internacionales firmados en materia de derechos humanos para evitar repetir casos como el del “coche bomba” y terminar con las malas prácticas judiciales.
